El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha manifestado este lunes ante el Tribunal Supremo, reafirmando su postura sobre las grabaciones realizadas por su exasesor Koldo García, que han sido incluidas en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estas grabaciones lo vinculan a una supuesta red dedicada a la manipulación de contratos públicos a cambio de comisiones, algo que Ábalos sostiene que no corresponde a la realidad, insinuando la posibilidad de que esos audios hayan sido editados o manipulados.

Ábalos, quien comparece por tercera vez ante el tribunal en relación con presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho, ha declarado que no se reconoce en las grabaciones mencionadas, enfatizando que ni siquiera su voz podría ser identificada en ellas. En su testimonio, también ha negado haber mantenido las conversaciones en cuestión, consideradas por la UCO como indicativas de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

El exministro ha aprovechado su declaración para rechazar cualquier acto irregular relacionado con las adjudicaciones que se investigan. Aseguró que no ha cobrado comisiones por contratos de obras públicas en ningún momento durante su carrera. El día de su interrogatorio, la atención se centró en tres temas principales: el rescate de Air Europa, la contratación de Claudia Montes, y un informe de la UCO sobre presuntas irregularidades en licitaciones.

Respecto al rescate de Air Europa, Ábalos fue interrogado acerca de una nota de prensa del Ministerio de Transportes que supuestamente benefició a Víctor de Aldama, presunto facilitador en la trama. Se distanció del caso al afirmar que no tuvo ningún papel en la elaboración o distribución de tal documento. En cuanto a la contratación de Montes, quien fue coronada Miss Asturias +30 en 2017, el exministro sostuvo que no tuvo ninguna influencia en su ingreso a la empresa pública Logirail, limitando su relación a un encuentro casual en un evento en Gijón y conversaciones a través de redes sociales.

Sobre las acusaciones de haber influido en el reclutamiento de personal en organismos como Adif o la Dirección General de Carreteras, Ábalos relató que recibió solicitudes de varias personas durante su mandato, pero negó haber concretado intervenciones en esos casos. A pesar del clima de incertidumbre generado por las recientes revelaciones de la investigación, mantuvo su defensa al igual que en declaraciones pasadas, desestimando cualquier insinuación de colaboración con las autoridades.

Él y su abogado parecen haber considerado un cambio de estrategia tras las inquietudes logradas con el 'informe Cerdán', pero las autoridades de Anticorrupción han indicado que no han percibido ninguna intención de colaboración por parte del exministro, lo que complica aún más su situación legal.

Luego de su testimonio, se llevó a cabo una audiencia sobre las medidas cautelares, en la cual la Fiscalía solicitó la continuación de las restricciones actuales, que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse regularmente ante el tribunal. Por su parte, las acusaciones populares, principalmente lideradas por el Partido Popular, demandaron prisión provisional para Ábalos. Se anticipa que el juez encargado del caso, Leopoldo Puente, tome una decisión sobre estas medidas tras aproximadamente una hora y media de declaraciones.