VALÈNCIA, 11 de diciembre.

Hoy se ha llevado a cabo una huelga educativa en la Comunitat Valenciana, impulsada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT. Los organizadores de esta protesta exigen al reciente equipo de la Conselleria de Educación, liderado por Mari Carmen Ortí, un cambio radical respecto a la política de su predecesor, José Antonio Rovira. La demanda principal se centra en negociar "reivindicaciones justas y esenciales" para el profesorado, que incluyen la actualización de salarios que han estado estancados durante 18 años, la reducción de ratios de alumnado y la mejora de infraestructuras dañadas por fenómenos naturales recientes.

El inicio de la manifestación tuvo lugar en el IES Lluís Vives de Valencia y se desplazó por el centro de la ciudad, formando parte de una serie de concentraciones programadas en diferentes localidades a lo largo del día. Los portavoces sindicales expresaron su preocupación por la falta de respuesta del nuevo gobierno para abordar estas demandas prioritarias.

En lo que respecta a la adhesión a la huelga, la Conselleria de Educación informó que el seguimiento hasta las diez de la mañana se situó en un 10,7%. Sin embargo, los sindicatos han cuestionado esta cifra, sugiriendo que no refleja con precisión el número de profesores que se unieron a la acción, estimando que la cifra real podría alcanzar al menos un 60% al final del día.

Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV, ha instado a Ortí a "sentarse a dialogar", enfatizando que los docentes y la comunidad educativa están en las calles exigiendo derechos fundamentales. A su vez, Candela advirtió que si la consellera no actúa prontamente, las movilizaciones continuarán en el futuro próximo.

Asimismo, Candela se mostró frustrado por la falta de respuesta a su solicitud de reunión con el 'president' Juanfran Pérez Llorca y con Ortí. Esta mañana, los manifestantes que se concentraron frente a la sede del departamento no obtuvieron audiencia con la consellera, quien delegó la atención en el director general de Personal. "Exigimos dialogar directamente con la consellera, que es quien debe solucionar esta situación", añadió.

En línea con estas críticas, Marisa García, responsable de Enseñanza Pública de UGT PV, denunció la negativa de la Conselleria a "actualizar complementos, reducir ratios y trabajar en la inclusión educativa", haciendo un llamado a abrir los ojos ante la realidad que enfrentan los docentes.

Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOO, también se mostró escéptica respecto a la administración, afirmando que las cifras de seguimiento de la huelga intentan transmitir la idea errónea de que a los docentes no les preocupa la reivindicación. Sin embargo, reiteró que las demandas son fundamentales para la mejora educativa.

Valls también recalcó la necesidad de que la nueva consellera muestre un cambio de rumbo respecto a su predecesor, advirtiendo que si persiste la misma línea, ya hay un calendario de protestas preparado para el futuro.

Por su parte, José Seco, secretario autonómico de Educación de CSIF, indicó que la jornada ha sido altamente productiva, revelando las dificultades que atraviesan los profesionales de la educación que, en muchos casos, están mal remunerados en la Comunitat Valenciana.

Las organizaciones sindicales han presentado además un conjunto de exigencias al nuevo gobierno valenciano, solicitando la apertura inmediata de negociaciones para restablecer el poder adquisitivo perdido, el pago completo de las pagas extraordinarias, y una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC. También piden un acuerdo para la recuperación salarial que coloque a los docentes valencianos en igualdad con sus colegas de otras comunidades, reducir la carga de trabajo y restablecer el número de profesores recortados, especialmente en la formación profesional y las escuelas de idiomas, además de cubrir vacantes de inmediato.

Adicionalmente, exigen la aplicación urgente de pactos pendientes y la dignificación profesional del personal de atención educativa y administrativo, la recuperación de 121 millones de euros recortados en infraestructuras, y garantizar condiciones de trabajo dignas que faciliten una inclusión educativa efectiva.