ALICANTE, 11 de febrero.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha rechazado las peticiones de varios grupos de la oposición que le instan a dimitir tras el escándalo relacionado con la concesión de viviendas de protección pública (VPP) en el proyecto Les Naus, edificado sobre terrenos del municipio en Playa de San Juan. "Mi prioridad es trabajar por el bienestar de Alicante", declaró decididamente.

En un encuentro con los medios de comunicación este miércoles, Barcala respondió a las demandas de una oposición unificada compuesta por PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox, quienes consideran que debe abandonar su cargo de alcalde.

El conflicto surgió después de que se revelara que la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y parientes de la dimitida directora general María Pérez-Hickman, entre otros, fueron beneficiarios de las VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez, que era jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, dejó su puesto al hacerse público que uno de los beneficiarios era la madre de sus hijos.

Adicionalmente, este miércoles, la jueza titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha iniciado diligencias para esclarecer la adjudicación de VPP en dicha promoción.

Barcala reafirmó su enfoque en avanzar con iniciativas para Alicante, mencionando que está concentrado en cumplir y activar el presupuesto, así como llevar a cabo proyectos vitales para la ciudad. "Alicante necesita avanzar continuamente y eso es lo que estoy haciendo", añadió, destacando el respaldo que recibe del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. En la misma línea, la portavoz del gobierno local, Cristina Cutanda, hizo hincapié en el apoyo del PP tanto a nivel nacional como autonómico hacia Barcala.

Consultado sobre cómo afronta el final de esta legislatura y la posibilidad de que Vox retire su apoyo al gobierno del PP, especialmente por las condiciones acordadas en la aprobación de los presupuestos, el alcalde manifestó que no se involucraría en "especulaciones" ni "hipótesis", reiterando su compromiso con el trabajo y la implementación de medidas concretas.

El primer edil defendió que está trabajando para "resolver los problemas" surgidos por estas circunstancias, enfatizando que las acciones que se han tomado en las últimas semanas son una respuesta a la situación. "Estamos enviando un mensaje claro de que ningún acto irregular quedará impune", añadió, reconociendo que el asunto le preocupa y ofende profundamente.

Barcala aseguró que aquellos que no tengan derecho a acceder a las VPP no obtendrán dichos inmuebles, y afirmó que movilizará todos los recursos disponibles desde el Ayuntamiento para evitar que estas irregularidades se repitan en el futuro. "Compensaremos de alguna manera lo que se ha defraudado en un tema tan sensible como la vivienda. Pido que caiga quien tenga que caer y que las medidas sean contundentes", enfatizó el alcalde.

Además, subrayó la importancia de que la investigación judicial continúe, asegurando que no permitirá que ninguna conducta sancionable permanezca sin consecuencias, ya sea desde el ámbito penal o administrativo. "La ética es fundamental en nuestro gobierno y lo estamos llevando al siguiente nivel", añadió, indicando que todos los miembros del PP deben cumplir un código ético estricto.

En relación al reciente anuncio de que el equipo de gobierno establecerá limitaciones para que sus concejales y personal de confianza puedan acceder a los procesos de VPP, Barcala aclaró que cada grupo tiene libertad para gestionar sus propios concejales y asesores, insistiendo en que el cumplimiento de las leyes es esencial.

El primer edil también recordó que el Ayuntamiento proporcionó terrenos con el objetivo de facilitar viviendas protegidas, asegurando que el procedimiento de licitación y la autorización de las obras son transparencias. "La gestión corresponde a la cooperativa, mientras que la supervisión recae en la Generalitat", puntualizó.

En una sesión extraordinaria celebrada la semana pasada, el bloque de la oposición exigió la dimisión de Barcala y se aprobó la creación de una comisión no permanente para abordar la controversia de las VPP. Barcala confirmó que ya se había requerido a los grupos la designación de sus representantes para este nuevo órgano, aclarando que no se trata de una comisión de investigación, ya que dicha capacidad no está en manos del consistorio.

Concluyendo, Barcala informó que el grupo municipal popular ya ha designado a sus miembros para dicho órgano, anticipando un pronto avance en la gestión de la situación actual.