VALÈNCIA, 12 Feb. - En un reciente acto, Susana Camarero, la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, ha enfatizado la necesidad de implementar más rigurosos mecanismos de control en torno a la vivienda pública. Durante sus declaraciones, no dudó en criticar a la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, afirmando que el anterior gobierno del Botànic no contaba con ningún tipo de supervisión en este ámbito.

Camarero defendió la corrección de las políticas de vivienda y el Plan VIVE, señalando que es fundamental que la gestión no se vea empañada por las acciones de algún funcionario que pueda haber incurrido en irregularidades. Estas declaraciones surgen en medio de la controversia generada por las adjudicaciones de viviendas de protección pública en la reciente promoción de Les Naus, situada en Playa de San Juan.

La consellera realizó estas declaraciones en el marco de la inauguración de una nueva promoción de VPP en el barrio de Malilla, acompañada de la alcaldesa de València, María José Catalá. Al ser interrogada sobre los comentarios de Morant respecto a la polémica en Alicante, Camarero lamentó que la ministra opine "sin base" y desconozca la situación real que enfrenta la Comunidad Valenciana.

En sus afirmaciones, Camarero recordó que las adjudicaciones de las viviendas en Alicante se iniciaron en 2018, y que las personas que recibieron estas viviendas se inscribieron bajo las directrices del gobierno Botànic, tanto en un primer grupo en 2018 como en un segundo grupo en 2021.

La vicepresidenta añadió que la calificación provisional solicitada en 2021 y otorgada en septiembre de 2023 seguía bajo las normativas del Botànic, lo que parece contradecir las críticas dirigidas a su departamento. Camarero denunció que ha habido una exageración y manipulación de la información en los recientes días.

En un tono de desafío, la consellera sugirió que no se debe señalar únicamente al Partido Popular, ya que podría haber funcionarios o personas relacionadas con el PSOE o Compromís que también podrían estar implicadas en la adjudicación de esas viviendas. "Quizás recibirán alguna sorpresa en las próximas horas", insinuó.

Camarero aclaró que las adjudicaciones en cuestión son decisiones tomadas por una cooperativa y negó que exista algún decreto que favorezca a miembros del PP. También precisó que el umbral de ingresos necesarios para ser beneficiario de una VPP es de 54.000 euros y no de 66.000 euros, como se ha divulgado.

La titular de Vivienda subrayó que el gobierno actual ha realizado un "significativo avance" respecto a los ingresos permitidos para acceder a una VPP, aumentando el umbral fijado a 54.000 euros según un decreto reciente del Consell. Reveló que con el Botànic también se incrementó el precio de las viviendas, subiendo de 1.800 a 2.200 euros el metro cuadrado.

Además, Camarero manifestó que el gobierno ha actuado con rapidez al detectar irregularidades, especialmente en lo que respecta a un funcionario en la provincia de Alicante que emitió un visado irregular. La consellera podría abrir un expediente administrativo en tales casos y ha indicado que ese funcionario ya ha sido suspendido mientras el caso es revisado por la Fiscalía.

Sobre el control de las viviendas, Camarero compartió que están supervisando un total de 140 inmuebles que carecen de la documentación necesaria. Reiteró que una vez se reúna la información requerida, se evaluará si es preciso extender la denuncia ante el Ministerio Público.

La consellera destacó las nuevas medidas instauradas por el actual Consell para garantizar la transparencia en el manejo de las VPP, como el visado electrónico, la publicidad de las promociones desde el inicio del proceso de comercialización y la auditoría de la documentación que los compradores deben presentar.

Entre las propuestas, también se incluirán supervisiones más estrictas sobre quién puede realizar el visado de las VPP y la formación de una comisión de evaluación que valide dichos visados. Camarero solicitó a Morant su colaboración para abrir las 2.000 viviendas de la Sareb que aún no están disponibles en la Comunidad Valenciana, así como instar al gobierno a eliminar el IVA en la construcción de VPP para facilitar el acceso a personas con menores ingresos.