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Miércoles, 14 de octubre de 2026 Edición C. Valenciana · Red Crónica
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Compromís impulsa el reconocimiento del terrorismo de extrema derecha en el Congreso

Compromís presenta en el Congreso una iniciativa para que las víctimas de violencia de extrema derecha sean reconocidas como terrorismo, en el contexto del caso Guillem Agulló.

Redacción · Crónica Valencia 2 min de lectura

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para que las víctimas de violencia de extrema derecha sean reconocidas oficialmente como víctimas de terrorismo. La iniciativa se plantea en el contexto del aniversario del asesinato del joven antifascista Guillem Agulló en 1993.

Este movimiento responde a una realidad histórica en la Comunitat Valenciana, donde la violencia política de ultraderecha ha tenido una presencia significativa desde la Transición. Sin embargo, el relato institucional ha tendido a invisibilizar estos hechos, centrando el concepto de terrorismo en otras organizaciones.

El reconocimiento de casos como el de Agulló implicaría un cambio en la percepción jurídica y social de la violencia ideológica. Además, se busca que las víctimas tengan acceso a las mismas medidas de protección y reparación que las de otros tipos de terrorismo.

Desde una perspectiva política, esta iniciativa refleja la tensión entre la memoria democrática y la interpretación del terrorismo en el Estado español. La propuesta pretende ampliar el marco legal para incluir hechos históricos que, según sus promotores, cumplen los requisitos de violencia terrorista.

El debate en el Congreso también evidencia la voluntad de fortalecer la memoria histórica y la política antiviolencia. La medida podría abrir un camino para revisar otros casos pendientes y garantizar igualdad de reconocimiento para todas las víctimas, independientemente de su orientación ideológica.

En el escenario político actual, esta propuesta refuerza los desafíos y debates en torno a la memoria democrática y la lucha contra la ultraderecha en España. La evolución del marco legal en los próximos meses será clave para determinar su futuro impacto.

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