El juicio por el caso Erial ha revelado una serie de "irregularidades" en la privatización de las ITV impulsada por el Gobierno valenciano durante el mandato de Eduardo Zaplana. Según miembros de la Agencia Valenciana Antifraude, hubo una aprobación inusualmente rápida, pliegos de contratación sin firmas y la desaparición de criterios económicos objetivos.
Tres funcionarios de la Agencia han comparecido como peritos en el juicio contra Zaplana y otros acusados, donde se investiga el presunto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones ilegales relacionadas con concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana. Se estima que el fraude asciende a más de 20 millones de euros.
Los peritos han analizado la privatización de las ITV y el plan eólico, identificando irregularidades como la falta de firmas en los pliegos de contratación. También han cuestionado la ausencia de criterios económicos objetivos, lo que generó dudas sobre la transparencia del proceso.
Además, han señalado que obligar a los licitadores a aplicar a todos los lotes ofertados limitó la participación de empresas con menos capacidad económica, lo que va en contra del principio de libre concurrencia. Asimismo, han criticado la creación unilateral de una comisión de estudio que no siguió los procedimientos habituales.
En su informe, los peritos han destacado la rapidez inusual con la que se asignaron puntos a las ofertas, lo que generó dudas sobre la imparcialidad del proceso. También han mencionado la destitución del interventor del procedimiento justo antes de una importante reunión, lo cual consideraron poco común y problemático.
Por último, han señalado que el acta de contratación elevada a la Conselleria no estaba debidamente firmada, lo que constituye una irregularidad. Además, realizaron una simulación que sugirió que, de haberse considerado criterios económicos objetivos, el resultado del concurso habría sido diferente.
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