ALICANTE, 20 de enero. Un magistrado de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Alicante ha dictado una decisión contundente al ordenar el ingreso en prisión de uno de los propietarios de los perros que, en octubre de 2016, atacaron y causaron la muerte de un hombre de 74 años en Pinoso. La decisión responde a un "incumplimiento" grave y reiterado en el pago de las indemnizaciones a la familia de la víctima, lo que ha sido calificado por el juez como "injustificado".

Según se detalla en un auto emitido el 16 de enero de 2026, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha anulado la suspensión de la ejecución de una pena de dos años de prisión que estaba impuesta al dueño de los perros. Esta acción se produce tras la solicitud de los familiares de la víctima, quienes han estado persiguiendo la justicia desde el fatal incidente que culminó con el fallecimiento del hombre en el Hospital de Elda días después del ataque.

El auto recuerda que, tanto el propietario de los canes como una mujer, fueron condenados a dos años y seis meses de prisión por homicidio por imprudencia grave. Además, se les ordenó pagar de manera conjunta y solidaria indemnizaciones que suman un total de 100.000 euros para la viuda y 20.400 euros para cada una de sus tres hijas, junto con otros 10.449,37 euros destinados a la Conselleria de Sanidad por la atención médica brindada.

A pesar de que la Audiencia de Alicante había reducido la pena a dos años y suspendido su entrada en prisión bajo la condición de no delinquir y abonar mensualmente las indemnizaciones, el incumplimiento por parte del propietario de los perros ha sido evidente. En la resolución, se hace hincapié en que, aunque se le ofreció la oportunidad de regularizar sus pagos, este continuó con su actitud evasiva.

El magistrado señala que el condenado ha abonado únicamente una parte de lo que debía: en 2024 pagó 3.550 euros de los 4.400 requeridos, y en 2025, 4.000 de un total de 6.600. En lo que va de 2026, su situación de pagos se ha mantenido estancada, al menos hasta la emisión de esta nueva resolución judicial.

La decisión aún no es definitiva, ya que el condenado tiene derecho a presentar un recurso de reforma o de apelación en los plazos establecidos. En un documento previo, se había convocado a las partes para discutir si era apropiado revocar la suspensión de la pena, lo que llevó a los familiares de la víctima a demandar el ingreso en prisión de quien ahora enfrenta este proceso.

La defensa argumentó que el incumplimiento se debió a su falta de recursos económicos, mencionando una drástica caída en sus ingresos y problemas de salud que limitarían su capacidad para trabajar. Sin embargo, el juez desestimó estas alegaciones, señalando que existían contradicciones evidentes en sus declaraciones sobre su capacidad financiera.

El magistrado concluyó que el condenado ha mostrado un "incumplimiento reiterado y grave" con respecto a sus obligaciones de pago, lo que no puede ser justificado por cuestiones de salud, dado que los informes médicos demostraron que no presentaba condiciones que afectaran significativamente su capacidad laboral. Además, se acreditó que sí ha cumplido puntualmente con otras obligaciones económicas, lo que genera dudas sobre la veracidad de sus claims de insolvencia.

Así, el juez destaca que la supuesta incapacidad económica no es creíble en el contexto de sus otras obligaciones y resalta que el estado de salud del condenado, aunque ha sido presentado como un obstáculo, no proporciona una justificación válida para su incapacidad de pagar la indemnización acordada.

En sumatoria, el tribunal ha reafirmado su postura en contra del incumplimiento y ha puesto en marcha el camino hacia la ejecución de la pena, lo que representa un esfuerzo por cerrar este capítulo doloroso para la familia de la víctima y reafirmar la importancia de la responsabilidad ante los delitos cometidos.