El 92% de los contratos públicos en 2024 sin control regular, según auditoría
En 2024, el 91,85% de los 77.804 contratos del sector público de la Generalitat se realizaron sin expediente formal o mediante contratos menores. Esto equivale a 60.328 gastos sin expediente por 157,7 millones y 11.138 contratos menores por 34,2 millones. La auditoría del Interventor del Sector Público Instrumental revela que la mayoría de las adjudicaciones carecen de la tramitación adecuada, en un contexto donde la gestión pública sigue enfrentando deficiencias en controles internos.
El análisis se realiza en un escenario de cambio político en la Generalitat, con un nuevo gobierno liderado por Carlos Mazón. La auditoría, que abarca 55 entidades, detecta incumplimientos en procedimientos y en la normativa de contratación pública, especialmente en hospitales y ferias, donde se recibieron bienes sin expediente. También señala un uso irregular de la contratación menor para necesidades recurrentes, lo que puede afectar la transparencia y la eficiencia del gasto público.
Estas irregularidades muestran posibles riesgos de gestión y control, que podrían derivar en mayor vulnerabilidad a prácticas no transparentes, y en una menor fiscalización del uso de recursos públicos. La falta de cumplimiento en los procedimientos y en los plazos también puede afectar la calidad de los servicios y la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La situación requiere de medidas correctoras y de una mayor supervisión del cumplimiento normativo.
Desde la perspectiva política, estos hallazgos evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de control y regulación en el sector público. La administración actual ha destacado avances en áreas como la tesorería, pero la persistencia de irregularidades en contratación plantea un reto importante. La posible introducción de un marco regulatorio común y la modernización de los sistemas de gestión podrían ser pasos fundamentales para mejorar la transparencia y el control de los recursos públicos en la Generalitat.
El contexto político y administrativo apunta hacia una tendencia de mayor vigilancia y reformas en la gestión pública, con el objetivo de evitar prácticas que puedan facilitar la corrupción. La opinión pública y los partidos de oposición demandan una auditoría exhaustiva y una mayor rendición de cuentas. La futura evolución del control interno y la normativa será clave para fortalecer la integridad del sector público valenciano.