VALÈNCIA, 4 de junio.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha decidido presentar este miércoles dos denuncias contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por el supuesto vertido de residuos y la acumulación de vehículos en el barranco del Poyo, una situación que ha surgido en el contexto de las labores de recuperación del cauce tras las inundaciones del pasado 29 de octubre.

El secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, ha confirmado en una rueda de prensa que la Generalitat trasladará estos incidentes a la Fiscalía mediante dos denuncias separadas: una relacionada con los residuos y otra con los vehículos abandonados. El objetivo es que se investigue la posible comisión de un delito medioambiental, especialmente ante lo que se considera una grave falta de acción y una gestión inapropiada por parte de la CHJ.

Estas acciones legales se centran en la CHJ, ya que es la entidad responsable del área del barranco y las obras que se están llevando a cabo en la localidad de Riba-roja, según aclaró Mérida.

El secretario autonómico también informó que la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental ha recibido tres informes de agentes medioambientales, que destacan la aparición de una gran cantidad de residuos en la zona tras las lluvias. Además, se señala el abandono de más de 300 vehículos afectados por la tormenta en la zona de La Rambla y en el interior del cauce.

Mérida subrayó que los residuos dejados a la vista por las inundaciones están siendo trasladados del cauce a la parcela número 14 del polígono 22 en Riba-roja, sin el tratamiento adecuado ni el acondicionamiento del terreno, lo que infringe la normativa ambiental vigente.

En esta operación, se identifican principalmente plásticos, neumáticos, textiles y maderas que están siendo enterrados en una parcela de unas siete hectáreas, lo que representa un serio problema para la conservación del medio ambiente.

Por otro lado, en la parcela número 2 del mismo polígono, situada 1,5 a 2 kilómetros aguas arriba del lugar del vertido, los inspektores medioambientales encontraron 217 vehículos afectados por las inundaciones, con un informe posterior que incrementa esta cifra a más de 300.

La Generalitat ha entregado ya al Seprona los informes de los agentes medioambientales para que se validen los hechos observados y se investigue la responsabilidad de los trabajos de vertido. Además, se busca establecer si la empresa que es propietaria de la parcela, con sede en Madrid, tiene conocimiento o ha estado implicada en el vertido de estos residuos. Esto es esencial para determinar las responsabilidades tanto del promotor de la obra como del dueño de la parcela.

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