El Consell Valencià denuncia la modificación del sistema social por enmiendas del PP y Vox
El Consell Valencià de Treball Social (CVTS) ha expresado su rechazo a las enmiendas aprobadas por PP y Vox en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, que introducen criterios de prioridad basados en la nacionalidad y el origen. Estas modificaciones afectan al sistema público valenciano de servicios sociales y alteran principios de universalidad e igualdad.
El contexto político en la Comunitat Valenciana está marcado por un debate entre los partidos del gobierno autonómico y la oposición, en el que las enmiendas han sido vistas como un cambio sustancial en la política social. La ley de servicios sociales, aprobada en 2019, establece un modelo basado en derechos y no en circunstancias personales ajenas a la intervención profesional. La inclusión de criterios como la nacionalidad o el origen contraviene estos principios y genera alarma en los profesionales del sector.
Las implicaciones de estas modificaciones son profundas, ya que podrían restringir el acceso a prestaciones sociales a personas en situación administrativa irregular, limitando la protección a casos de urgencia vital. Esto puede aumentar el riesgo de exclusión social y debilitar la cohesión social en una comunidad que ha avanzado en políticas inclusivas en los últimos años.
Desde una perspectiva política, estas enmiendas reflejan una postura más restrictiva del Partido Popular y Vox respecto a la inmigración y la gestión de los recursos sociales. La oposición y los profesionales consideran que estas medidas contravienen los compromisos constitucionales y los derechos internacionales, debilitando la legitimidad del sistema de protección social autonómico y nacional.
El CVTS llama a los responsables políticos a reconsiderar estas propuestas y a tramitar cualquier reforma de manera transparente, participativa y en diálogo con los actores sociales. La intención es garantizar que las políticas sociales se mantengan alineadas con los principios constitucionales y los tratados internacionales ratificados por España, en un contexto de creciente polarización política en la región y el país.
El futuro de estas enmiendas dependerá del debate en Les Corts y de la capacidad de los actores sociales para defender un modelo basado en derechos universales. La experiencia previa en la Comunitat Valenciana muestra que los cambios en políticas sociales deben contar con una amplia participación para evitar que la política partidista socave los avances en inclusión y cohesión social.