La controversia sobre los recortes en el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de Llengua (AVL) ha llevado a una creciente tensión entre esta institución y la administración del Consell, que ha decidido no apoyarla a través de un recurso de inconstitucionalidad. La negativa del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se basa en la argumentación de que, a pesar de los recortes, la misión principal de la Academia, que es la promoción y normalización del valenciano, sigue en pie.

En su dictamen, Gabilondo también hace hincapié en la necesidad de modificar el presupuesto para proteger la autonomía de la AVL, sugiriendo que aunque el Consell ha reducido significativamente el gasto global, no hay obligación legal de respetar el presupuesto que la Academia había aprobado originalmente. La reducción del presupuesto de casi 4 millones de euros a poco menos de 3 millones implica un recorte del 25%, que se ha sentido especialmente en gastos de personal y en partidas de bienes corrientes.

El informe del Defensor subraya que, aunque rara vez se alteran los anteproyectos de entidades no integradas dentro de la administración general, el Consell tiene la facultad de modificar los presupuestos conforme a su criterio. Esto plantea un dilema sobre si tales cambios afectan de manera crítica el funcionamiento de la AVL y su capacidad de actuación.

De acuerdo con la ley vigente, el Consell tiene la potestad de aprobar los presupuestos de la AVL sin limitaciones significativas. Las enmiendas realizadas por Les Corts, aunque controversiales, reflejan el ejercicio de libertad legislativa, y el Defensor argumenta que no se puede considerar que estas modificaciones violan la Constitución o el Estatuto de Autonomía.

Sin embargo, el AVD ha expresado su profunda preocupación ante el impacto que estos recortes pueden tener en su independencia y funcionalidad. Se ha señalado que las reducciones presupuestarias han alterado significativamente la capacidad de la Academia para decidir sobre el uso de los fondos, disminuyendo así su autonomía.

Particularmente, el añadido de un nuevo capítulo presupuestario destinado a la restauración de un edificio de una asociación cultural ha sido señalado por la AVL como un cambio inquietante y puede ser interpretado como una intromisión en la gestión de su presupuesto.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo sugiere a la Generalitat que explore alternativas que no comprometan la autonomía de la AVL, sugiriendo que un ajuste en el presupuesto podría ayudar a restaurar su independencia. A pesar de su recomendación, la AVL mantiene que la gravedad de los recortes es tal que justifican la presentación de un recurso de inconstitucionalidad para defender su autonomía.

En la comunicación emitida por la Academia tras la decisión del Defensor, se hace eco del respaldo a la recomendación de reintegrar el presupuesto tal como fue aprobado. No obstante, se reafirma su postura de que es necesario llevar a cabo acciones legales para abordar el daño sufrido, argumentando que los recortes no solo socavan su autonomía, sino que amenazan su propia existencia.

Finalmente, el análisis jurídico llevado a cabo por la AVL resalta que estos recortes, llevados a cabo mediante una ley ordinaria, no solo podrían anular su autonomía, sino implicar una derogación efectiva del Estatuto de Autonomía y de la ley que creó la Acadèmia, vulnerando así principios fundamentales de la Constitución y derechos lingüísticos establecidos.