En Madrid, el 5 de noviembre, el Gobierno se encuentra en fase de evaluación del amplio conjunto de 136 medidas que ascienden a un total de 31.402 millones de euros, las cuales fueron presentadas anoche por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Este paquete tiene como objetivo mitigar los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana y ha solicitado explícitamente la colaboración del Ejecutivo central.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó esta información en una entrevista en TVE, cuyos detalles fueron recogidos por Europa Press. Ante la pregunta sobre las primeras ayudas directas anunciadas por Mazón, Torres se mostró favorable a la revisión de la propuesta presentada por el gobierno valenciano tras una reunión extraordinaria del pleno del Consell.

El ministro puntualizó que “toda la ayuda que se nos solicite va a ser lógicamente estudiada”, destacando que los más de 31.400 millones de euros solicitados por la Generalitat son resultado de un análisis que merece ser examinado con seriedad. Esta afirmación subraya la responsabilidad del Gobierno ante una situación crítica que requiere atención inmediata.

Asimismo, Torres destacó la importancia de “ir a la reconstrucción” mientras se continúa con los esfuerzos por rescatar a posibles sobrevivientes y se brinda “dignidad” a quienes han perdido la vida, así como “consuelo” a sus familias. Estas declaraciones reflejan la sensibilidad del Gobierno ante el sufrimiento causado por la situación natural adversa.

Es relevante señalar que el Gobierno ya está trabajando en varias medidas encaminadas a aliviar las consecuencias de la DANA. Estas iniciativas serán presentadas y aprobadas en el Consejo de Ministros programado para este martes, incluyendo algunas que ya han sido anunciadas, como la suspensión del segundo pago del IRPF para los contribuyentes de las áreas afectadas por el temporal en Valencia. También se implementarán medidas de protección para los trabajadores, incluyendo la posibilidad de un ERTE y una prohibición de despidos.

“Los ciudadanos nos piden a todos esfuerzo, al Gobierno de España, al gobierno autonómico, a las diputaciones, a los ayuntamientos. Debemos estar al lado de los más vulnerables, en este caso, con las instituciones que cuentan con menos recursos”, concluyó. Esta declaración aboga por un esfuerzo conjunto que se traduzca en una cogobernanza ejemplar, donde todas las partes involucradas se unan para afrontar juntos esta crisis.