El Gobierno prepara medidas para frenar la privatización universitaria en España

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anunció en agosto que en septiembre el Gobierno presentará una propuesta para regular la creación de universidades, buscando evitar un aumento de centros privados y salvaguardar la universidad pública. La iniciativa responde a una tendencia en algunas comunidades autónomas de impulsar centros con escaso control y criterios de calidad cuestionados.

El contexto político revela que, en las últimas décadas, las comunidades autónomas han promovido la creación de universidades privadas sin un control exhaustivo, mientras que las públicas apenas han visto incrementos. Morant señala que en los últimos 25 años solo se han creado universidades privadas, y que la oferta pública apenas ha variado, generando una brecha social y económica significativa.

Las implicaciones de esta tendencia son profundas. La ministra advierte que la privatización excesiva puede crear una élite social, donde el acceso a profesiones clave dependa del poder adquisitivo, en detrimento del mérito y la igualdad de oportunidades. La propuesta del Gobierno busca reforzar los criterios y requisitos para la creación de nuevas instituciones, garantizando que la calidad sea vinculante y no solo formal.

Desde la perspectiva política, la iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor por proteger el sistema público de educación superior y evitar su desmantelamiento por intereses económicos. La oposición de algunas comunidades y los obstáculos en procesos legislativos muestran la resistencia que esta regulación enfrenta, en un escenario donde intereses económicos y políticos están en juego.

Este movimiento del Gobierno también refleja una crisis en la financiación y gestión del sistema universitario, acentuada por la escasa inversión pública y el aumento de las instituciones privadas. La futura normativa pretende equilibrar esa balanza, garantizando recursos adecuados y condiciones de calidad que eviten una elitización del acceso a la educación superior. La próxima reunión en septiembre será clave para definir el rumbo de esta política.