VALÈNCIA, 10 de enero. El Ejecutivo español ha renovado su compromiso con las localidades que sufrieron las consecuencias de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) durante los meses de octubre y noviembre de 2024. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia orientada a la reconstrucción y a la prevención de futuras catástrofes climáticas.

En un esfuerzo por fortalecer el apoyo a las entidades locales, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado luz verde a una nueva orden que ofrece mayores facilidades en la gestión y uso de las ayudas previamente otorgadas. Según se detalla en el comunicado oficial, este nuevo marco no solo busca reparar los daños causados, sino también mejorar y adaptar las infraestructuras municipales para salvaguardar a los ciudadanos de posibles inundaciones futuras.

La reciente Orden TMD/1586/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado, modifica la anterior Orden TMD/101/2025, y entra en vigor de inmediato. El nuevo texto se alinea con la visión del Gobierno de realizar reconstrucciones más seguras y resilientes, capacitadas para resistir los efectos adversos del cambio climático.

A través de la précédente orden, el Ministerio había asignado 1.745 millones de euros en ayudas anticipadas a 78 entidades locales, compuestas por 77 municipios y la Diputación Provincial de Valencia. Esta suma se destinó a la reparación y reconstrucción de infraestructuras gravemente afectadas por lo que se catalogó como uno de los episodios climáticos más severos en la historia reciente del país.

Con la modificación reciente, se amplía el uso de las ayudas para incluir la mejora y expansión de infraestructuras locales que han sufrido daños, así como la adaptación de servicios públicos al cambio climático, la creación de nuevas infraestructuras para prevenir inundaciones, la adquisición de terrenos en zonas de riesgo y la financiación de asistencia técnica para optimizar la gestión de los proyectos.

Además, esta orden establece una mayor coordinación institucional, confiando al Comisionado especial para la reconstrucción la gestión y supervisión de estas ayudas, tareas previamente asignadas a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. Esta mejora en la gobernanza busca agilizar las acciones y asegurar un control más eficiente de inversiones vitales para la recuperación de los territorios impactados.

Esta iniciativa se inscribe dentro de la tercera fase del Plan de Respuesta Inmediata, derecho a la reconstrucción y relanzamiento económico, con un enfoque en recuperar los municipios afectados y prevenir futuras emergencias climáticas.

Con este conjunto de decisiones, el Gobierno reafirma su intención de ir más allá de una simple reparación y avanzar hacia un modelo de reconstrucción que no solo proteja a la población, sino que también refuerce los servicios públicos y prepare a los municipios para enfrentar los desafíos climáticos venideros.