El Supremo rechaza elevar a la UE la regularización migratoria y mantiene la medida

El Tribunal Supremo ha decidido no solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial sobre la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Gobierno español. La decisión implica que la medida seguirá en vigor sin suspensión cautelar, pese a las dudas sobre su compatibilidad con normativa europea.

El tribunal argumenta que, tras decidir no suspender la medida, no es pertinente plantear ahora una consulta al TJUE. La regularización, que permite obtener permisos de residencia a extranjeros en situación irregular en España, fue criticada por algunos actores políticos y judiciales por posibles conflictos con la legislación comunitaria, en particular con el Pacto de Migración y Asilo de 2024.

La decisión del Supremo tiene implicaciones directas en la política migratoria española. La medida, basada en un real decreto, busca facilitar la integración social y económica de miles de migrantes en situación irregular, fortaleciendo el sistema de seguridad social y el mercado laboral. Sin embargo, genera controversia en torno a su legalidad y efectos en la cohesión social.

Desde el Gobierno, la postura oficial es que la regularización no vulnera competencias europeas y cuenta con el aval del Consejo de Estado. La secretaria de Estado de Migraciones afirmó que las políticas migratorias españolas respetan los acuerdos comunitarios, en un contexto en el que la gestión migratoria se presenta como un elemento clave en la agenda política.

De cara al futuro, la continuidad de la medida dependerá de las decisiones judiciales y del debate político en España. La cuestión de la compatibilidad con la normativa europea sigue siendo central, y la posición del Ejecutivo refleja una voluntad de mantener el enfoque actual en la integración y los derechos humanos.