El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha tomado una decisión importante al solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Esta solicitud se basa en la existencia de “indicios bastantes” que apuntan a la posible comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El magistrado ha expresado que la recopilación de indicios cualificados de la posible implicación de Ábalos en estos hechos hace necesaria la autorización de la Cámara para continuar con el proceso judicial. Esta acción será formalizada bajo una exposición razonada que será presentada al presidente de la Sala Penal del Supremo, quien otorgará el trámite pertinente.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, Puente explica que esta solicitud sigue a las declaraciones que tomaron tanto Ábalos como su asesor ministerial, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, presunto facilitador de la trama. Este procedimiento se apoya en la documentación presentada por las partes y en los resultados de escuchas telefónicas y registros realizados bajo la dirección de la Audiencia Nacional.

Según el magistrado, los indicios apuntan a que Ábalos, “aprovechándose de su posición como ministro”, podría haber recibido beneficios económicos a cambio de facilitar la adjudicación de contratos públicos a empresas privadas durante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Estos contratos estaban relacionados con la adquisición apremiante de material sanitario, como mascarillas y trajes especiales.

Puedes observar que, según la investigación, De Aldama habría conseguido información privilegiada sobre las necesidades derivadas de la emergencia, lo que le habría permitido elaborar una oferta para obtener la adjudicación del contrato de suministro para una empresa en particular, Soluciones de Gestión. Además, se sugiere que De Aldama pudo haber facilitado otros contratos de la administración pública usando tácticas similares.

En este contexto, el auto señala que Koldo García tuvo un papel activo en la gestión de las adjudicaciones, ocultando al mismo tiempo los cobros percibidos de la organización. Se sostiene que Ábalos también estuvo implicado en estas operaciones, disfrutando indiciariamente de los beneficios económicos que surgieron de tales acciones.

El instructor menciona que en su declaración del 12 de diciembre, Ábalos negó haber recibido ninguna cantidad económica en concepto de los contratos para adquirir material sanitario durante la pandemia. Sin embargo, Puente considera que esta declaración no concuerda con los indicios recopilados durante la investigación.

Además, el magistrado apunta que Ábalos podría haber recibido beneficios económicos derivados del pago, por parte de De Aldama o de otras personas interpuestas, del alquiler de una vivienda donde residía su pareja sentimental, identificada como JRG, en la Plaza de España de Madrid.

En su defensa, Ábalos aseguró que la búsqueda de alojamiento para JRG fue una acción de Koldo, quien argumentó que atendió a una amiga de larga data. En este sentido, mencionó que la vivienda fue gestionada también por un amigo que se haría cargo del alquiler, aunque eventualmente fue Koldo quien ocupó el puesto de responsable ante ciertos inconvenientes.

Asimismo, se ha mencionado que Ábalos pudo haber gestionado un contrato de alquiler con opción de compra de un chalet en la costa gaditana, tras una compra realizada por una tercera empresa, beneficiando a sus propias vacaciones familiares de ese verano.

Referente a esta propiedad, Ábalos argumentó que él se ocupó del alquiler mientras su familia residía allí, y que el contrato se rescindió por motivos personales. En paralelo, Koldo corroboró que ayudó a su superior en esta gestión como parte de su labor como asistente personal.

Adicionalmente, el instructo ha indicado que Ábalos estaba también implicado en un contrato de alquiler con opción a compra de un amplio piso en el Paseo de la Castellana de Madrid, cuyo precio estipulado era significativamente inferior al del mercado, lo que despertó sospechas sobre la motivación detrás de la transacción.

El empresario vinculado a este caso declaró que dicho contrato de arrendamiento era en realidad una “garantía” para Ábalos, en el marco de una serie de acuerdos sobre contratos de obra pública que ya habían sido “preadjudicados”. Por su parte, Ábalos negó cualquier irregularidad, justificando su interés en adquirir una vivienda, aunque admitió que el acuerdo no prosperó debido a la ocupación de la propiedad.

El instructor Puente remarca que la inmunidad de diputados y senadores no se puede considerar un “privilegio personal”, sino más bien un medio para asegurar la separación efectiva de los poderes del Estado. Esta aclaración es fundamental en el contexto de la solicitud del suplicatorio al Congreso.

Una vez que se obtenga este suplicatorio, Puente estará en condiciones de proceder con las investigaciones pertinentes sobre Ábalos, realizando las diligencias necesarias, como un análisis detallado de su situación patrimonial.