El ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García han sido enviados a prisión provisional sin posibilidad de fianza por el Tribunal Supremo, debido al "extremo" riesgo de fuga que representan ante la proximidad de su juicio. Este caso, relacionado con presuntos sobornos en la adquisición de material sanitario, podría resultar en condenas de hasta 30 años de cárcel. Esta situación marca un hito, ya que es la primera vez que un diputado nacional activo es encarcelado.

El juez Leopoldo López, encargado del 'caso Koldo', ha argumentado que existen evidencias suficientes que apuntan a la probable comisión de delitos graves por parte de los dos implicados. El temor a que Ábalos y García intenten huir es considerado tan elevado que las medidas cautelares impuestas anteriormente, que incluían la prohibición de salir del país y comparecencias regulares ante el tribunal, ya no son adecuadas.

Según establece la ley, el magistrado ha informado de su decisión a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, así como de las acusaciones que han llevado el asunto al tribunal. La Fiscalía Anticorrupción, liderada por Alejandro Luzón, y las acusaciones del Partido Popular han exigido la prisión inmediata, argumentando que el riesgo de fuga se ha incrementado considerablemente con las severas penas a las que se enfrentan.

Ábalos se presentó en el tribunal poco antes de la hora programada, con una mochila de cuero marrón, y evitó hacer declaraciones a los medios. Sin embargo, al finalizar la audiencia, defendió su voluntad de no escapar, afirmando "no tengo dinero ni a dónde ir", un comentario que susurra desesperación ante la situación que enfrenta.

Fuentes próximos al ex ministro han reportado que se encuentra en un estado emocional muy delicado, y durante su tiempo de espera en el tribunal se le vio nervioso, fumando en el patio del edificio. Su abogado, Carlos Bautista, insistió en que Ábalos no representa un riesgo de fuga, argumentando que su condición de diputado le confiere derechos que deberían ser respetados antes del juicio.

Además, la defensa de Ábalos ha alertado que su encarcelamiento podría interpretarse como un intento de presionarlo a realizar un testimonio en colaboración, como ha ocurrido con otros involucrados en la investigación. Koldo García, por otro lado, se presentó puntualmente y con atuendo informal, y su defensa también aseguró que tiene razones personales para no huir, subrayando su estabilidad familiar.

El ex asesor expresó ante el juez que no tiene intención de escapar, añadiendo que todos cometemos errores y podemos aprender de ellos. Las fuentes han interpretado sus palabras como una aceptación implícita de la mala decisión que pudo haber tomado.

El fiscal, con un tono firme, enfatizó que la pertenencia de Ábalos a un gobierno no le absolve de su responsabilidad penal, afirmando que "ningún poder del Estado debe eludir la acción de la justicia". Agregó que el sistema judicial opera sin prejuicios ni injusticias.

Este asunto se remonta al 3 de noviembre, cuando el juez Puente propuso que Ábalos, Koldo y Aldama sean juzgados por supuestos cobros ilegales a cambio de contratos en el ámbito de salud durante la crisis del Covid-19.

La Fiscalía solicita penas de 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, debido a diversos delitos que incluyen pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. También se reclama una multa de cerca de 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares buscan 30 años de prisión por los mismos delitos, ampliando la lista con cargos adicionales como prevaricación y falsificación documental.

En el caso de Aldama, tanto Fiscalía como acusaciones solicitan 7 años de prisión, considerando la reducción de su pena debido a su confesión que ha sido clave para desenmascarar la supuesta red de corrupción en la adjudicación de contratos públicos, donde el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán es considerado el líder.