En una decisión polémica, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha emitido un fallo parcialmente nulo que afecta al acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón del 17 de diciembre de 2021 y al Plan General Estructural (PGE) del municipio de Castelló, en relación a la categorización de suelo en una zona urbana.

Este territorio en cuestión, conocido como Grupo Avenida de Alcora, se encuentra delimitado por importantes vías y ha sido motivo de disputa entre propietarios de parcelas afectadas y las autoridades competentes.

La sentencia obliga a las administraciones implicadas, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castelló, a clasificar el suelo como urbano en el PGE, con excepción de ciertas áreas afectadas por la infraestructura de la autopista AP-7.

Este dictamen se basa en la situación previa del planeamiento urbano de la zona, que la consideraba residencial y urbanizada, y plantea la importancia de mantener la coherencia entre la realidad física del terreno y su clasificación jurídica.

La resolución también destaca la falta de cambios significativos en la zona desde la aprobación de normas urbanísticas temporales en 2015, que contrastan con la decisión posterior de declarar el suelo como no urbanizable común.

En resumen, se subraya que el PGE de 2021 debería haber considerado la situación real del área y clasificado el suelo de acuerdo con la normativa vigente, evitando posibles arbitrariedades y garantizando la seguridad jurídica de los afectados.

Este fallo, aún sujeto a recursos de apelación, abre un debate sobre la interpretación y aplicación de las normas urbanísticas en el municipio de Castelló, con posibles repercusiones en futuros desarrollos y decisiones administrativas.