VALÈNCIA, 12 de febrero.

Recientemente, tres exmiembros del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), entre ellos Miquel Francés, quien ocupó la presidencia hasta su cese, han decidido presentar una acción legal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y la Presidencia de la Generalitat. En su demanda, estos exconsejeros cuestionan la validez de su destitución y solicitan que se reconsideren las últimas decisiones adoptadas por el nuevo Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), en las que no tuvieron voz ni voto.

Acompañando a Francés en esta demanda están Lola Bañón y Javier Marzal, ambos vocales designados por el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Estos últimos tomaron posesión de sus cargos el 13 de abril de 2023, luego de ser nombrados por Les Corts, con un mandato estipulado de seis años.

En el contenido de la demanda se hace hincapié en que la normativa europea impide el recorte arbitrario de los mandatos de quienes ejercen funciones en los medios de comunicación de carácter público. Esta afirmación se fundamenta en el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo, que busca garantizar la verdadera independencia de los proveedores del servicio público.

Los demandantes argumentan que desde la introducción de la nueva Ley 2/2024 de la CACVSA, que formalizó la creación de un nuevo Consejo de Administración, À Punt ha sufrido cambios significativos que afectan su estructura. Se menciona el cierre del Consejo de Informativos, un órgano crítico para la libertad de expresión dentro de la cadena, y una reducción progresiva en la disponibilidad de servicios de documentación.

Además, lamentan que se ha observado un decrecimiento en la producción de contenido en valenciano, lo cual va en contra de uno de los objetivos fundamentales del medio: la defensa y promoción de la lengua valenciana.

Este proceso, sostienen, ha tenido lugar en un contexto de transición entre la creación de la CACVSA y la disolución de la CVMC, que ha implicado la integración de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).

Frente a estas circunstancias, los exconsejeros rechazan que haya habido motivo válido para su destitución y recalcan que su mandato debe extenderse hasta el término de su periodo oficial. Por tanto, al no haber participado en las recientes decisiones del Consejo de Administración de la CACVSA, consideran que dichas resoluciones carecen de fundamento y deben quedar anuladas.

La argumentación presentada en la demanda enfatiza la importancia de preservar la profesionalidad y pluralidad en los medios públicos valencianos, como subrayan los consejeros en su comunicado, recordando que pasaron por un riguroso proceso de selección y que formaron parte del equipo que, en 2015, preparó el informe que facilitó la reactivación de la radiotelevisión pública en la Comunitat Valenciana tras la clausura de RTVV en 2013.