VALÈNCIA, 20 de mayo. La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de su Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT), ha llevado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja un informe crítico sobre la gestión de la dana en Valencia. Este documento identifica 357 fallos y no conformidades en la ejecución del Plan Especial de Inundaciones (PEI) por parte de las autoridades autonómicas, especialmente durante la jornada clave del 29 de octubre de 2024, en la que se produjo la devastadora riada.
En un comunicado, el sindicato informó que este análisis, realizado por profesionales de su equipo técnico, se apoya en documentos oficiales, cronogramas, alertas institucionales y registros del servicio de emergencias 112. Se destaca, entre las irregularidades, la falta de constitución de los Centros de Coordinación Operativa Local (Cecopal), donde solo se establecieron dos de los 129 previstos en la provincia, resultando en 127 infracciones al no activar se adecuadamente el protocolo por parte del director del Plan.
El informe también subraya la inadecuada gestión de las alertas y las comunicaciones desde el 112, señalando que 145 llamadas relacionadas con el barranco del Poyo no fueron tratadas debidamente. Además, 35 puntos de medición no fueron monitoreados, y 41 carreteras, entre ellas la A-3 en Chiva, no contaron con un seguimiento operativo. Estos elementos suman un total de 221 incumplimientos registrados.
También se critica el escaso despliegue operativo, al no desplegarse las 26 unidades de bomberos forestales ni los cuatro helicópteros y drones disponibles. Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desmovilizada en un momento inapropiado y hubo necesidad de enviar una nueva comunicación para su intervención posterior.
Otro de los puntos negativos del informe es el retraso en la activación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ya que el director del plan, Emilio Argüeso, no llegó al centro de emergencias hasta las 14:45 horas y ni siquiera fue convocado hasta media hora después de su llegada.
A pesar de que las zonas de la Ribera Alta y Utiel-Requena se encontraban en situaciones 1 o 2, no se activaron los Puestos de Mando Avanzados, lo que dificultó la llegada de recursos como la UME a las áreas afectadas.
Las alertas meteorológicas también recibieron críticas, al ser consideradas imprecisas y tardías. Un mensaje SMS enviado a Utiel-Requena solo recomendaba activar planes, sin un requerimiento formal, mientras que 30 minutos después la situación ya había empeorado a un nivel 2. Además, se enfatiza la falta de directrices claras para que los alcaldes activaran planes locales, en clara violación del PEI.
El sindicato anunció que el informe, el cual ya forma parte del proceso judicial en curso, destaca fallas en la supervisión de cauces, puntos críticos y avisos hidrológicos, a pesar de que se preveían alertas rojas.
Entre los errores destacados también se menciona la falta de coordinación con la Subdelegación del Gobierno y la ausencia de medidas preventivas para municipios situados aguas abajo de cuencas críticas.
El análisis del sindicato considera que las conclusiones son contundentes y demuestran que la reacción institucional no solo fue ineficaz y desorganizada, sino que también rompió de forma sistemática las obligaciones del Plan de Emergencias. Según FETAP-CGT, estos hechos constituyen una grave violación de los deberes públicos en términos de anticipación, coordinación y protección civil, y que la falta de acción adecuada agravó las consecuencias de una catástrofe que podría haberse manejado con mucha más eficacia.
FETAP-CGT ha reafirmado su compromiso con la defensa de los servicios públicos, la legalidad y la memoria de las víctimas que sufrieron las secuelas de esta tragedia, que causó 228 muertes en Valencia y daños económicos millonarios. Por ello, han enfatizado que se mantendrán como parte acusadora en el proceso penal, defendiendo el interés general y la necesidad de una gestión de emergencias que actúe con responsabilidad, eficacia y transparencia.
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