En València, la fiscal delegada de la sección de Memoria Democrática y Derechos Humanos en la Fiscalía Provincial, Susana Gisbert, ha expresado su preocupación por la Ley de la Concordia aprobada por el Gobierno valenciano, la cual considera que contradice la regulación estatal en la materia.

Con la aprobación de esta norma en el Parlamento valenciano, que cuenta con el apoyo de PP y Vox, se sustituye la Ley de Memoria Democrática de 2017 y se retrotrae hasta 1931 en lugar del inicio de la democracia, lo que según Gisbert generará problemas de ejecución al perseguir crímenes de diferentes períodos.

La fiscal también ha señalado que la nueva normativa valenciana, que busca abordar crímenes de la II República, ETA, el terrorismo islamista y el franquismo, entra en conflicto con la regulación estatal en la materia, lo que podría complicar su aplicación práctica.

Gisbert ha destacado que a pesar de que los delitos seguirán siendo los mismos, la divergencia en las leyes podría acarrear problemas administrativos en la interpretación y ejecución de ciertos actos, como la búsqueda de fosas del franquismo o la concesión de ayudas.

En cuanto a si considera que la Ley de la Concordia blanquea el franquismo, la fiscal ha expresado que al equiparar a ambos bandos, el que se sublevó y el que tenía legitimidad, se elimina la reparación establecida por la ley estatal, lo que iguala situaciones que antes eran distintas.

Ante la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta normativa autonómica, Gisbert ha indicado que el choque de competencias entre leyes sería el principal punto a considerar, aunque aún no se puede prever el desenlace.