VALÈNCIA, 7 de enero. En un desarrollo alarmante, una jueza ha decidido abrir dos investigaciones en torno a la conducta de dos policías locales en la localidad valenciana de Bétera, ante la sospecha de que hayan incurrido en un delito de revelación de secretos al filtrar información a individuos presuntamente implicados en actividades de narcotráfico en la región.

De acuerdo con lo que reporta el diario El País, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria ha decidido imputar al inspector jefe de la Policía Local de Bétera por su supuesta implicación en este delito. La decisión pone de manifiesto la seriedad con la que se está abordando esta situación y el nivel de preocupación por la integridad de las instituciones policiales.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han confirmado a Europa Press que el mencionado juzgado se encuentra en medio de una indagación que busca esclarecer una posible revelación de secretos. Este procedimiento judicial ha surgido a raíz de una investigación más amplia que se centra en varios individuos presuntamente involucrados en delitos contra la salud pública, la cual ha tomado mayor relevancia en la zona de Bétera, un hecho que no puede ser ignorado por las autoridades.

Las escuchas realizadas en el marco de esta investigación sobre el narcotráfico han revelado que dos miembros de la Policía Local podrían estar, supuestamente, utilizando su autoridad para filtrar información valiosa a los investigados. Esta situación crea un ambiente de desconfianza que podría afectar no solo a la imagen de la policía local, sino a la lucha contra el crimen en general en la comunidad.

En respuesta a este inquietante hallazgo, la jueza ha decidido abrir dos nuevas causas, una por cada uno de los policías implicados, con el objetivo de esclarecer si las acciones descubiertas en la investigación inicial efectivamente constituyen un delito. La importancia de esta acción judicial radica en la necesidad de mantener la integridad de las fuerzas del orden y garantizar que nadie quede por encima de la ley, independientemente de su estatus como funcionario público.