El 9 de julio en València, se ha dado un paso importante en la investigación sobre la gestión de la Dana que afectó a la provincia. La jueza del municipio de Catarroja ha solicitado formalmente a la Conselleria de Emergencias la preservación de todas las comunicaciones que se registraron en el sistema Coordcom, la plataforma de comunicación del 112, desde que se emitió la alerta hidrológica el 24 de octubre de 2024 hasta la medianoche del 29 de octubre, el día en que ocurrió la tragedia que resultó en más de 200 muertes y costos multimillonarios en daños.

La jueza ha especificado que se deben conservar tanto los mensajes escritos como los registros de audio y vídeo generados por distintas unidades de emergencias, como el Centro de Emergencias (Cecopi) y diversos vehículos desplegados durante la crisis. Esta medida responde a una solicitud de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que también había demandado información sobre los contratos relacionados con Coordcom y un desglose completo de las comunicaciones generadas durante este período crítico.

La magistrada ha desestimado la necesidad de obtener el pliego de condiciones de los contratos, argumentando que no es esencial para la investigación. Sin embargo, ha reconocido la importancia de recopilar información desde que se dio la alerta, aunque ha limitado la recopilación de datos hasta finalizar el 29 de octubre, no hasta el mediodía del 30, como pedía la acusación.

La investigación involucra delitos graves, incluyendo homicidio y lesiones imprudentes, lo que implica que la recolección de archivos de audio y vídeo debe hacerse con especial cuidado, dado que no se cuenta con el consentimiento de todos los afectados.

Por otra parte, la jueza ha respondido a una solicitud del partido Ciudadanos, requiriendo que el supervisor de la Sala 112 de la Generalitat envíe, en un plazo de diez días, detalles sobre las llamadas recibidas en el 112 durante el 29 de octubre, específicamente sobre desbordamientos de barrancos. Esto incluirá la hora y contenido de cada llamada, así como cómo y cuándo se transmitió dicha información a las agencias pertinentes.

Además, la magistrada ha solicitado que se clarifique si existe un cuestionario específico en el sistema para casos de desbordamientos o inundaciones, y que se proporcione su contenido si se dispone de él.

En un desarrollo separado, la jueza ha rechazado el recurso presentado por la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que pedía un examen forense del jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología, quien ya había testificado. La jueza considera que tal solicitud resulta sorprendente y representa un ataque directo a la credibilidad del testigo, destacando que su declaración ha sido coherente y respaldada por evidencia.

Refiriéndose a la defensa, ha criticado lo que considera una estrategia que intenta poner en duda la salud mental del testigo en vez de proporcionar argumentos basados en datos concretos. La jueza señala que la estigmatización de problemas de salud mental ha sido una táctica utilizada históricamente por regímenes totalitarios, y subraya la gravedad de la solicitud de la defensa.

Finalmente, ha enfatizado que las responsabilidades en la gestión de la crisis recaen en quienes tomaron decisiones, y que cualquier negligencia no debería considerarse un indicio de problemas de salud mental. Considera inaceptable que se sugiera que los encausados sean sometidos a exámenes psiquiátricos, ya que esto perpetúa el estigma hacia las enfermedades mentales, asociándolas erróneamente con comportamientos delictivos.