VALÈNCIA, 23 de diciembre.

Un nuevo desarrollo en el caso sobre la gestión de la Dana en la provincia de Valencia ha llevado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a ratificar la decisión de la jueza de Catarroja, que ha decidido no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.

La Audiencia ha rechazado el recurso de apelación presentado por la acusación representada por la organización Valores, que solicitaba la imputación de Polo, quien se mantiene al margen de las acusaciones formuladas. El tribunal considera fundamentada la decisión de no proceder penalmente, calificándola como "razonable".

En un auto emitido el 16 de diciembre y dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se argumenta que el recurso presentado carece de justificación suficiente en relación con los criterios establecidos en el artículo 11 del Código Penal, lo que llevó al tribunal a desestimar la apelación de forma directa.

La Audiencia reiteró que no le corresponde revisar cada detalle de la investigación para llegar a nuevas conclusiones. Subrayó que la función del tribunal no incluye reexaminar las diligencias, especialmente cuando se trata de una acusación que podría desbordar los límites impuestos por el recurso interpuesto, con el riesgo de desviarse del asunto resuelto previamente y del parecer del Fiscal.

Además, el tribunal destacó que una investigación penal no debe ser general sobre un hecho, sino enfocarse en la existencia de pruebas que sugieran que un individuo ha cometido un delito. En este contexto, se enfatiza que, durante un proceso penal, el foco debe estar en identificar a quién ha llevado a cabo la acción o la omisión relevante que puede ser objeto de investigación.

En relación con los "indicios de criminalidad" alegados por la acusación de Valores, la Audiencia expone que estos fueron abordados en detalle por Polo durante su declaración como testigo. Asimismo, el tribunal ha puntualizado que no se puede responsabilizar a Polo por la falta de acción de quienes estaban encargados de la emergencia, como los directores del plan especial de inundaciones, quienes no utilizaron el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) ni tomaron en cuenta datos meteorológicos o llamativos de la población.