La Generalitat integrará el arraigo en el acceso a vivienda, tras acuerdo con alcaldes

La vicepresidenta Camarero anunció que el arraigo social será considerado en las políticas de vivienda, siguiendo peticiones municipales. La propuesta forma parte del presupuesto autonómico para 2026, con 40 millones destinados a viviendas protegidas y 26,9 millones en ayudas al alquiler.

Este enfoque busca facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes, familias vulnerables y colectivos en riesgo. La legislación incorporará el arraigo como criterio, a petición de los alcaldes, en un contexto de debate político sobre la gestión del mercado inmobiliario y la ocupación.

El acuerdo responde a la necesidad de adaptar las políticas de vivienda a las demandas locales y a la presión política de partidos como Vox, que prioriza la regulación de la ocupación y el control de la especulación. La ley, además, contempla ampliar ayudas para reparación de fachadas y daños por fenómenos meteorológicos extremos.

El proyecto de presupuestos también refleja un incremento en partidas contra la violencia de género y para víctimas de explotación sexual, en línea con la agenda social del ejecutivo. La inversión en vivienda para zonas afectadas por la dana supera los 109 millones, incluyendo planes específicos y ayudas al alquiler y compra.

El contexto político evidencia un equilibrio precario entre las diferentes fuerzas en las Cortes, con críticas de la oposición sobre la falta de declaración de zonas tensionadas y la percepción de una gestión insuficiente en vivienda. La futura legislación buscará responder a estas demandas, incluyendo mejoras en los procesos de adjudicación y control.

De cara al futuro, la inclusión del arraigo en la ley de vivienda puede marcar un cambio en la política autonómica, aunque su implementación dependerá de la tramitación legislativa y del acuerdo con los municipios. La comunidad busca equilibrar la protección social y la regulación del mercado inmobiliario.