La Generalitat lanza un servicio para recuperar viviendas públicas ocupadas ilegalmente en la Comunitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha licitado un nuevo servicio para actuar contra las ocupaciones irregulares en su parque de viviendas públicas. La iniciativa cuenta con un presupuesto de cerca de 800.000 euros y una duración inicial de tres años, con posibles prórrogas. En la actualidad, más del 13% de las más de 14.500 viviendas gestionadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) están ocupadas ilegalmente.

Este problema ha sido persistente durante años, afectando tanto a la recuperación de inmuebles como a la seguridad de las comunidades vecinales. La ocupación irregular impide el acceso a viviendas por parte de familias vulnerables y genera riesgos, como conexiones ilegales a la red eléctrica. La respuesta institucional busca reducir estas incidencias, reforzando los mecanismos de intervención rápida y coordinación con fuerzas de seguridad.

Desde el punto de vista político, la medida refleja la voluntad del Consell de fortalecer su gestión del parque público y responder a una problemática que ha sido objeto de debate en la administración autonómica. La estrategia forma parte de un plan más amplio que incluye la instalación de sistemas de seguridad y campañas de sensibilización para frenar las ocupaciones.

El nuevo servicio contempla atención de urgencias 24 horas, acompañamiento en procedimientos administrativos y labores de coordinación técnica para la instalación de alarmas y puertas antiocupación. La licitación se abre en un contexto donde, desde 2023, se han realizado más de 1.200 actuaciones para frenar ocupaciones y reforzar la seguridad en viviendas públicas.

Este esfuerzo institucional se enmarca en un panorama más amplio de políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda y la seguridad en las comunidades. La expectativa es que, con estas acciones, la Generalitat logre reducir la ocupación ilegal y mejorar la convivencia en los barrios afectados, fortaleciendo la gestión del patrimonio público y la protección de los derechos de los demandantes de vivienda.