Un nuevo informe de la Generalitat Valenciana ha puesto de manifiesto que todos los correos electrónicos enviados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el 29 de octubre consistieron exclusivamente en "avisos de pluviometría", careciendo de cualquier alerta sobre el riesgo real en el Barranco del Poyo.

El gobierno valenciano ha criticado las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, señalando que sus afirmaciones son "inexactas e imprecisas", al tiempo que ha denunciado un "apagón informativo" por parte de la CHJ entre las 16:13 y las 18:43 horas, momentos críticos durante la tormenta que asoló la provincia de Valencia.

En un ejercicio de responsabilidad, la Generalitat ha recordado que la CHJ es la "única entidad" que tiene la "obligación" y la "competencia" para notificar el riesgo de desbordamiento en los barrancos. Según sus declaraciones, la CHJ no puede limitarse a enviar información por correo electrónico; debe realizar una evaluación de la situación y aconsejar medidas de protección al comité de dirección correspondiente.

La Generalitat también ha explicado que las diversas comunicaciones enviadas por la CHJ a través de su Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) durante la tarde del 29 de octubre se centraron en datos sobre la intensidad de las lluvias y el seguimiento de los caudales en ríos y embalses. Esta falta de alertas sobre desbordamientos se ha convertido en un punto de controversia tras la inclemencia meteorológica que golpeó la región.

En ese sentido, la Generalitat ha argumentado que la CHJ tiene la responsabilidad de informar al Centro de Coordinación de Emergencias sobre cualquier incremento significativo en los caudales de los ríos y barrancos. Esto contrasta con las declaraciones de Marlaska, quien manifestó que no hubo ningún vacío informativo durante la DANA que devastó el interior de la provincia.

La Administración ha reiterado que las aseveraciones del ministro contienen datos "inexactos e imprecisos", y ha recordado el papel de la CHJ en el Grupo de Seguimiento de Riesgos del Comité Asesor del CECOPI, donde su función informativa incluye evaluar el riesgo de desbordamiento y recomendar acciones preventivas.

Además, la Generalitat ha subrayado que el plan especial contra inundaciones de la Comunidad Valenciana asigna claramente a la CHJ la tarea de proporcionar datos en tiempo real sobre precipitaciones, especialmente cuando se superan ciertos umbrales de acumulación de lluvia. Esta obligación de informar al CCE Autonómico es crucial en situaciones de emergencia, como la que se vivió el 29 de octubre.

En este contexto, también se han señalado las responsabilidades de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que participa en el mismo equipo de seguimiento. Aemet debe comunicar cualquier cambio en las predicciones meteorológicas y los fenómenos adversos que puedan afectar la región, cumpliendo con las directrices del Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Adversos.

La Generalitat ha insistido en que, tras una alerta hidrológica, la CHJ tiene la obligación específica de ofrecer información inmediata sobre el riesgo de desbordamiento en las cuencas afectadas. Esto implica un papel crucial en la operación de respuesta a emergencias, donde la falta de comunicación puede resultar en consecuencias desastrosas.

Acerca de las alertas enviadas el 29 de octubre, la administración ha calificado la información como "imprecisa y parcial", sugiriendo que su intención es confundir a la opinión pública. La Generalitat ha aseverado que los avisos enviados por la CHJ a Emergencias únicamente contenían datos pluviométricos, y en ningún caso alertaban sobre el riesgo real de desbordamiento en el Barranco del Poyo.

Además, la normativa establece claramente que es obligatorio para la CHJ notificar sobre caudales en ríos y barrancos y alertar sobre riesgos de desbordamiento. La falta de cumplimiento de estas responsabilidades se traduce en una falta de información vital para la gestión de emergencias.

En la opinión de la Generalitat, es "completamente improcedente" pensar que el Centro de Emergencias debería haber adivinado el caudal que pasaría por el Barranco del Poyo basándose únicamente en datos de pluviómetros localizados en otras áreas. Esta idea refleja un malentendido del funcionamiento hidráulico de una cuenca, o podría ser un intento de desviar la atención sobre los errores cometidos en la gestión de la crisis.

La Generalitat remarcó el hecho de que, durante un periodo crítico de dos horas y media, entre las 16:13 y las 18:43 del 29 de octubre, la CHJ se abstuvo de comunicar información sobre el evolución del caudal del Barranco del Poyo, a pesar de la obligación que tenían de hacerlo, lo que se tradujo en un "apagón informativo" que llevó a un incremento dramático en el caudal, pasando de 28,7 m3/s a 1686 m3/s.

Finalmente, la Generalitat puso de relieve que la lluvia registrada en Chiva superó las proyecciones de Aemet con más del doble, al alcanzar 461 mm, y que la CHJ no emitió en ningún momento advertencias sobre lluvias acuosas superiores a 100 l/m2 en un periodo de 12 horas, como requiere el Plan de Emergencias. Esta falta de previsión y comunicación efectiva ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la gestión de la crisis.

En conclusión, la Generalitat ha enfatizado que es inaceptable que, en un momento crítico, la CHJ y su equipo técnico no hayan mencionado el estado del caudal del Barranco del Poyo ni sus potenciales consecuencias desastrosas, lo que ha llevado a un clamor por una revisión exhaustiva de los protocolos de comunicación y alerta a la población para prevenir futuras tragedias.