VALÈNCIA, 22 de diciembre.

La magistrada a cargo del caso referente a la gestión de la DANA en Catarroja, que causó la trágica pérdida de 230 vidas, ha solicitado a la Abogacía de la Generalitat que aclare si, en la fecha del 29 de octubre de 2024, altos funcionarios del gobierno de la Comunidad Valenciana expresaron interés en obtener evaluaciones jurídicas o recomendaciones sobre las acciones a llevar a cabo ante la crisis generada por el fenómeno meteorológico.

Esta demanda se encuentra en un auto emitido por la jueza en respuesta a los escritos presentados por las acusaciones, encabezadas por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y el partido Compromís. En la resolución, se instruye a la Dirección General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana a que informe sobre las consultas realizadas, tanto verbales como escritas, por parte de altos responsables de la Conselleria de Justicia e Interior, Medio Ambiente o Presidencia, especificando el contenido de las mismas y las respuestas obtenidas.

Además, la instructora también está interesada en saber si la Abogacía de la Generalitat fue solicitada el 29 de octubre por Cayetano García, el entonces secretario autonómico de Presidencia, para emitir cualquier tipo de valoración jurídica relacionada con las medidas a implementar durante la emergencia provocada por la DANA en esa fecha crucial.

En una resolución adicional, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha accedido a la solicitud de ACPV, requiriendo a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM) del Gobierno Vasco que proporcione un informe sobre las llamadas recibidas en el teléfono 112 de Euskadi, que fueron derivadas desde el 112 de la Comunitat Valenciana el día en que ocurrió la devastadora barrancada. Se ha solicitado además la conservación de las grabaciones de estas llamadas, siempre que se cuente con el consentimiento de los implicados.

Por último, la jueza encargada del caso ha desestimado otras diligencias solicitadas en relación a una conversación telefónica y un mensaje de Whatsapp intercambiados entre el lehendakari y el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, argumentando que dichos intercambios ocurrieron “fuera del periodo en que debieron tomarse decisiones para proteger a la ciudadanía”.