El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha hecho un llamamiento urgente al Gobierno de España, demandando una "negociación firme" en Bruselas con el objetivo de revertir la drástica decisión de la Unión Europea de limitar los días de pesca de 133 a tan solo 27. Esta medida, según Mazón, podría resultar en el desmantelamiento del sector pesquero en la Comunitat Valenciana, con unas pérdidas económicas anuales que ascenderían a 85 millones de euros y la eliminación de aproximadamente 4.000 empleos directos e indirectos.

En un comunicado, el presidente del Consell ha expresado su "profundo rechazo" ante las decisiones recientes del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que propone una reducción significativa de los días de pesca. Mazón ha advertido sobre las "devastadoras consecuencias" que esta política tendría sobre la economía y la sociedad valenciana, afectando en gran medida a un sector fundamental para la región.

La flota de arrastre, que incluye más de 201 embarcaciones y da empleo a más de 700 tripulantes, sería la más impactada por esta restricción. Asimismo, la flota de artes menores, compuesta por 250 buques y alrededor de 600 tripulantes, se vería comprometida al depender de la actividad del arrastre para su viabilidad económica. Mazón ha señalado que esta situación se traduce en un panorama preocupante para el futuro de la pesca en la comunidad.

Además de los efectos directos en el sector pesquero, según el presidente, las repercusiones económicas no se limitarían a los pescadores. Las cofradías, lonjas, mayoristas de pescado, pescaderías y un amplio ecosistema empresarial que sustenta esta actividad también se verían gravemente afectados. "Esto podría llevar a un impacto devastador en nuestra economía", ha puntualizado Mazón, enfatizando la interconexión y dependencia del sector pesquero con otros ámbitos económicos.

El líder del Consell ha advertido que esta medida tendrá un claro efecto dominó, que se traduciría en el colapso de las cofradías y lonjas, además de afectar a empleos indirectos como mecánicos navales, rederos, calafates y astilleros. Mazón también ha enfatizado el impacto que esto tendría en el sector de la hostelería y el turismo, considerando que la pérdida de pescado fresco de calidad es un atractivo fundamental para la gastronomía y el turismo costero en la región.

"Estamos hablando de una cadena económica vital, que no solo sostiene empleos, sino que también representa una forma de vida y una rica tradición arraigada en nuestras comunidades costeras", ha sostenido. Además, Mazón ha señalado que la reducción de los días de pesca podría tener "efectos irreversibles" en el sector, indicando que la descomposición de este tejido productivo sería extremadamente difícil de recuperar una vez que se haya desmantelado.

Finalmente, Carlos Mazón ha exigido al Gobierno de España que actúe con "determinación" en la defensa del sector pesquero, instando a mantener una postura firme en las negociaciones en Bruselas para detener esta propuesta perjudicial. "Confiamos en que el gobierno haya hecho lo necesario para reunir a los países que puedan bloquear esta iniciativa radical", concluyó.

"No podemos permitir que la Unión Europea empuje a nuestras comunidades costeras hacia la desaparición económica, social y cultural. Vamos a defender la pesca valenciana con todos los medios a nuestra disposición", sentenció Mazón en su declaración.