Crónica Valencia.

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Morant busca apoyo de Vox para reformar la ley de viviendas protegidas tras el escándalo en Alicante.

Morant busca apoyo de Vox para reformar la ley de viviendas protegidas tras el escándalo en Alicante.

ALICANTE, 12 de febrero.

La titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, también secretaria general del PSPV-PSOE, ha hecho un llamado a Vox para que se sume a la revisión del decreto de 2024 que regula las viviendas de protección pública (VPP) en la Comunitat Valenciana, en medio del escándalo surgido por las dudosas adjudicaciones en el proyecto Les Naus, situado en la Playa de San Juan de Alicante.

Morant no ha dudado en criticar la postura de Vox, acusándoles de "hipocresía" al pretender defender lo público, cuando, según sus palabras, fueron ellos y el PP quienes modificaron las leyes para facilitar prácticas cuestionables. "Es momento de que Vox se mire al espejo y reflexione sobre su papel en esta situación", subrayó.

Durante una rueda de prensa en la sede del PSPV en Alicante, donde se reunió con representantes de asociaciones vecinales para abordar la problemática de la vivienda pública, Morant indicó que de las 140 viviendas de Les Naus, al menos once presentan irregularidades sospechosas en su adjudicación.

La ministra destacó que fue el PP quien aprobó un cambio normativo que legaliza lo que debería ser considerado ilegal. "Invito a Vox a demostrar que no son cómplices de un posible regreso a la especulación inmobiliaria en nuestra comunidad. Su papel debería ser impulsar que se restablezcan las normas previas", enfatizó.

Respecto a la controvertida legislación de 2024, Morant resaltó que su partido votó en contra y dejó claro que actualmente no se exige estar en lista de espera para acceder a la VPP, permitiendo incluso ingresos de hasta 3.000 euros mensuales para optar a tales viviendas.

Además, dio a conocer que el Ministerio de Vivienda está preparando alegaciones contra esta nueva ley del suelo, que permitiría la edificación en terrenos que actualmente no están urbanizados ni son aptos para la construcción.

Morant alertó sobre el signo de los tiempos, diciendo que se ha regresado a una fase de pura especulación en Levante, justo cuando es esencial implementar políticas que impidan el encarecimiento del acceso a la vivienda para las familias y jóvenes.

La ministra también instó al Ayuntamiento de Alicante y a la Conselleria de Vivienda a proceder con un "expediente de devolución" de las adjudicaciones comprometidas, que a su juicio son producto de un sistema viciado.

La exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, la directora general dimitida María Pérez-Hickman y un arquitecto municipal figuran entre los adjudicatarios cuestionados, lo que ha generado aún más controversia. Miguel Ángel Sánchez, exjefe de gabinete de la Conselleria de Industria, también dejó su cargo después de que se revelara que una beneficiaria es la madre de sus hijos.

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha comenzado diligencias para investigar estas adjudicaciones, tras una denuncia del Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias que involucra a varios funcionarios municipales.

Morant, convencida de que la concesión de VPP a personas vinculadas al Ayuntamiento no son meras coincidencias, ha anunciado que el PSPV solicitará personarse en el juicio conforme avance la investigación.

"Entendemos que ha habido un delito aquí y es crucial que, si se confirma, se restituya a la administración pública lo que se ha obtenido de manera ilícita", ha declarado con firmeza.

Al concluir, afirmó que no es necesario esperar una condena judicial para que se tomen acciones políticas, instando a revisar meticulosamente el proceso de adjudicación y a iniciar procedimientos para revertir dichas decisiones basándose en los indicios encontrados.

Además, Morant informó que el grupo socialista ha solicitado la creación de una comisión de investigación sobre el escándalo de las VPP en Les Corts, pidiendo que comparezcan el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el exjefe del Consell, Carlos Mazón; el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y "también Vox", a quienes acusó de haber cambiado la normativa en 2024 conjuntamente con el PP.

En sus palabras finales, resaltó la contradicción entre la alcaldía y la Generalitat: "Se culpan mutuamente, pero siguen siendo parte del mismo partido, el PP", aseguró la líder socialista.