VALÈNCIA, 12 Dic. - En un paso significativo hacia la mejora de la convivencia en el ámbito educativo, el Consell de la Comunitat Valenciana ha decidido tramitar de manera urgente un nuevo decreto que busca reforzar la autoridad del profesorado frente a agresiones e insultos. Este documento establece que cualquier ataque verbal o físico hacia los docentes será considerado una falta grave y tratado como un ataque contra la autoridad.

La reunión celebrada por el ejecutivo autonómico este viernes ha decidido declarar de urgencia este decreto, que está siendo impulsado por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. El propósito de esta medida es proteger a las víctimas y resaltar la importancia de la figura del docente en las aulas valencianas.

Según la administración, esta acción permitirá "acelerar la implementación de un marco normativo que se ajuste a las necesidades actuales de los centros educativos, así como del profesorado y del alumnado, abarcando a toda la comunidad educativa".

La nueva legislación surge con el objetivo de actualizar y fortalecer el manejo de la convivencia en las escuelas. Se incorporan iniciativas que atienden tanto el aumento de situaciones conflictivas como la naturaleza de estos incidentes, además de reconocer adecuadamente el rol de los educadores.

Uno de los aspectos más destacados del decreto es la consideración de agresiones, injurias u ofensas hacia el profesorado como faltas graves. Este enfoque busca ofrecer una respuesta adecuada a estos comportamientos inaceptables en el entorno escolar.

Además, se establece un marco normativo más claro y riguroso respecto al uso de teléfonos móviles, algo que ha sido solicitado por la comunidad educativa con el fin de minimizar las distracciones en el aprendizaje y abordar el ciberacoso, promoviendo así un ambiente socioemocional más saludable para los estudiantes.

Esta medida, antes consolidada en la Resolución de 17 de abril de 2024, ya ha mostrado resultados positivos según indican datos objetivos que respaldan su eficacia.

El decreto también incluye provisiones de medidas educativas temporales, opciones para procedimientos conciliadores y el establecimiento de plazos ajustados en la tramitación de expedientes disciplinarios, priorizando los casos más graves. Esto permitirá que los procesos sean más rápidos y eficientes.

Por otro lado, la gestión se simplificará con la introducción de un módulo en la plataforma Itaca, que facilitará el seguimiento digital de todos los expedientes desde su inicio hasta su conclusión.

Con un enfoque inclusivo, este proyecto establece que la condición de víctima que necesite apoyo educativo adicional se considerará un agravante en la determinación de responsabilidades. Esto busca asegurar que se aborden las necesidades de todos los involucrados.

Finalmente, el decreto promueve, basándose en la evidencia científica, programas que fomentan el bienestar, previenen la violencia y abordan la salud mental, al tiempo que se combaten delitos de odio, asegurando que la igualdad de trato y la no discriminación sean principios fundamentales. La entrada en vigor de este importante decreto está programada para el 7 de enero de 2026, tras su tramitación urgente.