"Pide entre 5 y 6 años de internamiento para cuatro menores acusados de ataque grupal en Burjassot"
La Fiscalía Provincial de Valencia ha presentado una solicitud de pena de entre cinco y seis años de internamiento en régimen cerrado para cuatro menores acusados de cometer una violación grupal en mayo de 2022 en la localidad valenciana de Burjassot. Además, se pide una pena de entre tres y cuatro años de libertad vigilada para los acusados, junto con medidas de educación sexual y para la igualdad, según se desprende de la calificación provisional del ministerio público. El caso implica delitos de agresión sexual en diferentes grados contra una menor de 16 años.
Los hechos ocurrieron el 16 de mayo de 2022, cuando dos de los cuatro acusados quedaron con dos menores de 13 años en la estación de metro de Burjassot-Godella. De acuerdo con la acusación fiscal, después de dar una vuelta por la localidad, los acusados llevaron a las menores al parque público El Mirador. Una vez allí, les propusieron entrar en una casa abandonada cerca del parque.
Una vez dentro de la casa, accedieron al piso de abajo por una pequeña escalinata. En ese piso se encontraba una habitación con dos colchones separados por una cortina. Uno de los acusados comenzó a besarse con una de las chicas y luego tuvieron relaciones sexuales, a pesar de que ella le pidió que parara porque se sentía incómoda. En otro colchón se encontraba el otro acusado con la otra chica, quien también le pidió que dejara de tocarla, pero él continuó y mantuvieron relaciones.
En un momento dado, escucharon ruido fuera y los menores dejaron de llevar a cabo los actos. Después de vestirse, salieron al exterior y se encontraron con dos amigos de los acusados. Las menores volvieron a entrar en la casa abandonada y fueron seguidas por tres chicos más, uno de los cuales no será imputado al ser menor de 14 años en este procedimiento.
Una de las chicas fue rodeada por los acusados y sufrió abusos sexuales por turnos, mientras la otra se asustó y se escondió. La víctima no dejaba de gritar, quejarse y expresar evidentes señales de dolor.
Como consecuencia de estos hechos, una de las menores sufrió erosiones, hematomas e infección de transmisión sexual, y ha necesitado tratamiento psicológico. La otra menor padece ansiedad y depresión.
En mayo de 2023, como medida cautelar, el juzgado estableció la libertad vigilada para dos de los menores y les prohibió acercarse a menos de 200 metros de las víctimas y comunicarse con ellas. En julio, el mismo juzgado también estableció la libertad vigilada para los otros dos menores acusados y les prohibió aproximarse a menos de 300 metros de las víctimas.