El Gobierno valenciano ha dado un paso polémico al poner en marcha la Ley de Concordia, una medida que ha generado críticas por parte de los grupos parlamentarios de PSPV y Compromís en Les Corts. Ambos partidos esperan que el Tribunal Constitucional detenga la aplicación de esta norma, que consideran anticonstitucional y contraria a la ley nacional.

La portavoz de Memoria Histórica de los socialistas valencianos, Mercedes Caballero, ha expresado su preocupación por esta legislación, asegurando que va en contra de los principios de verdad, justicia y reparación. Por su parte, la diputada de la coalición Compromís en el Congreso, Águeda Micó, insta al Gobierno a presentar un recurso contra la Ley de Concordia.

Para Caballero, la gestión del Consell en esta materia ha tomado un rumbo radical, acusando al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de seguir políticas de ultraderecha, incluso sin la presencia de Vox en el ejecutivo autonómico. La diputada socialista espera que el Tribunal Constitucional frene la implementación de esta ley, al igual que ha sucedido en Aragón.

El gobierno de Mazón ha sido señalado por Caballero como reacio a respetar los derechos humanos y a colaborar con el Gobierno central. A pesar de sus críticas, confía en que el Tribunal Constitucional suspenda la norma una vez se presente el recurso correspondiente.

Por su parte, Micó ha destacado que la Ley de Concordia es en realidad una ley que genera discordia, atacando a las víctimas del franquismo y equiparando la democracia con la dictadura franquista. Desde Compromís exigen que el Gobierno central acelere el recurso de inconstitucionalidad y que Mazón rectifique sus políticas.

Compromís denuncia que la Ley de Concordia iguala los periodos de dictadura con los de gobierno constitucional, blanqueando el golpe de estado de 1936 y cuarenta años de dictadura franquista. Consideran que la normativa oculta el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, omitiendo medidas importantes como la eliminación de vestigios franquistas y la promoción de políticas de recuerdo y reparación.