VALÈNCIA, 14 de mayo.

En un reciente giro en la investigación sobre la gestión de la trágica dana del 29 de octubre, que resultó en la muerte de 228 personas en la provincia de Valencia, la defensa de Salomé Pradas, quien fue consellera de Justicia e Interior, ha interpuesto una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta denuncia se centra en la manera en que la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja está llevando el caso.

El abogado de Pradas, Eduardo de Urbano, del bufete Kepler-Karst, señala que las garantías del derecho de defensa de su clienta están siendo comprometidas debido al enfoque adoptado por la magistrada. En un comunicado emitido, expresa su preocupación por esta situación.

Según el letrado, es crucial que la instrucción de esta causa, que se presenta como una de las más complejas y de mayor calado social en España en tiempos recientes, se lleve a cabo observando estrictamente las garantías procesales y los principios de imparcialidad judicial. Sin embargo, han identificado múltiples irregularidades que, a su entender, amenazan derechos fundamentales y generan dudas sobre la equidad del proceso.

La queja sostiene varios puntos, entre los que destacan la emisión de resoluciones judiciales que hacen aseveraciones contundentes sin evidencia suficiente, la predeterminación del enfoque de la instrucción, la negativa continua de diligencias solicitadas, restricciones al derecho de defensa en las declaraciones y la posible intervención de individuos ajenos al procedimiento.

Por otro lado, se menciona la utilización de información periodística no verificada como fundamento para decisiones judiciales, así como una duración excesiva en las diligencias de prueba, lo que contraviene el derecho a un juicio justo.

Eduardo de Urbano enfatiza que el respeto a la imparcialidad y la presunción de inocencia son pilares fundamentales para preservar la confianza pública en el sistema judicial. Por ello, solicita al CGPJ que examine las circunstancias planteadas y tome las medidas necesarias para asegurar que el proceso se realice de manera justa y ajustada a la ley.