Roban cobre en pozo reparado tras la Dana en la Comunitat Valenciana

En menos de 24 horas tras finalizar las obras de reparación en un pozo afectado por la Dana de octubre de 2024, ladrones sustrajeron unos 200 metros de cobre, valorados en más de 25.000 euros. La Comunidad de Regantes La Serreta y La Escala, que riega cerca de 500 hectáreas en las localidades de Real, Montroi, Montserrat y Llombai, sufrió este nuevo golpe.

El incidente ocurrió en la noche del día siguiente a la finalización de las obras por parte de Tragsa, la empresa pública encargada de la reconstrucción. Las instalaciones habían sido dañadas en octubre por una riada, que dejó afectaciones en captaciones, tuberías y sistemas eléctricos. La recuperación, apoyada por ayudas de la Generalitat, estaba a punto de culminar cuando los ladrones actuaron.

Este acto de vandalismo complica aún más la situación de los agricultores y regantes, que ya enfrentan sobrecostes y dificultades para retomar sus labores. La organización AVA-Asaja denuncia una oleada de robos en la región, vinculada a una posible banda organizada con conocimientos técnicos, que aprovecha la vulnerabilidad en la protección de instalaciones y centros de recepción de materiales.

Las implicaciones de estos delitos van más allá del daño económico. La pérdida de cobre y otros componentes esenciales retrasa la puesta en marcha de los sistemas de riego, lo que puede afectar a la producción agrícola en plena campaña. Además, incrementa la sensación de inseguridad en el medio rural, poniendo en entredicho las políticas de protección y vigilancia en áreas rurales.

Desde el ámbito político, este tipo de delitos evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en el medio rural y coordinar mejor las acciones entre las fuerzas de seguridad, la justicia y las administraciones. La Generalitat ha reiterado su compromiso, pero la realidad muestra que aún hay un largo camino por recorrer para frenar estos hurtos recurrentes. La lucha contra el mercado negro de cobre y otros materiales es una prioridad para proteger la economía agrícola valenciana.

El futuro de la seguridad en el sector agrícola valenciano dependerá de la capacidad de las instituciones para implementar medidas efectivas y de la colaboración entre agentes públicos y privados. La recuperación de infraestructuras y la prevención de delitos en el medio rural deben ser una prioridad para garantizar la estabilidad y la sostenibilidad del sector en los próximos años.