Subdirector de Emergencias revela a jueza pedido de Presidencia sobre audio de Aemet que fue alterado.

VALÈNCIA, 31 de marzo.

En una reveladora comparecencia ante la jueza de Llíria, Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, ha desvelado que fue el despacho de la Presidencia de la Generalitat Valenciana el que solicitó un audio relacionado con el episodio de la dana, específicamente una parte de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y un técnico del servicio de Emergencias 112 de la Comunidad Valenciana. Este audio, posteriormente, llegó a los medios de comunicación en una versión alterada.

Suárez, que prestó su declaración como testigo, se presentó ante el tribunal que investiga dicha filtración, ocurrida en febrero de 2025. Esta información ha sido confirmada por Europa Press.

La magistrada tomó la decisión de citar a Suárez tras revisar los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Valencia, que apuntan a que dos altos funcionarios de la Conselleria de Justicia e Interior tuvieron acceso al audio de la conversación durante el periodo de la dana. Este material incluía referencias sobre la dirección del temporal hacia la serranía de Cuenca.

De acuerdo con el informe, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024, dos individuos de la Conselleria de Justicia e Interior, bajo la dirección de Salomé Pradas, quien está siendo investigada en otro caso en Catarroja, accedieron a la grabación. Los implicados son Ricardo García García, subsecretario del departamento, y Alberto Martín Moratilla, en ese momento director general de Emergencias y Extinción de Incendios, quienes habrían almacenado la llamada en un dispositivo pendrive.

Durante el interrogatorio, Suárez expuso que Presidencia había solicitado localizar una llamada específica sobre el movimiento del temporal hacia Cuenca, la cual no fue identificada inicialmente debido a que se había realizado desde una línea fija.

La solicitud original parece haber partido de Alberto Martín Moratilla, quien requería la localización y transcripción de la llamada. Sin embargo, Suárez aclaró que la transcripción no se completó ya que Ricardo García, el 2 de noviembre, exigió la rápida localización de la grabación. Este funcionario se dirigió personalmente a un técnico en búsqueda del segmento específico y se generó un archivo que posteriormente fue transferido a un pendrive, según el testimonio.

El subdirector también subrayó que no se presentó ninguna razón formal para pedir la grabación y que no existió documentación escrita que respaldara la solicitud. Según Suárez, Ricardo García "se la llevó sin más".

El testigo destacó que nunca antes había visto un requerimiento de este tipo por parte de un alto cargo. "Es la primera vez que se lleva a cabo una solicitud de grabación de esta naturaleza", apuntó.

La jueza de Llíria inició la investigación el año pasado tras la denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia, que consideró que la filtración del audio incompleto podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos, según lo estipulado en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.

La Fiscalía alega que dicha conversación posee un "carácter reservado" bajo la legislación vigente, dado que se llevó a cabo en el contexto de la gestión de una emergencia. El artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, determina que toda la información relacionada con un incidente de emergencia gestionado por el 112 debe ser accesible solo a los servicios esenciales involucrados "a los estrictos fines de su gestión", y tras concluir dicha gestión, la información solo podrá ser proporcionada mediante solicitud judicial.