VALÈNCIA, 6 de diciembre.

Dos destacadas organizaciones de personas afectadas por la DANA, la Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29-O, han hecho un llamado contundente al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, exigiendo la reclamación del acta de diputado de Carlos Mazón como una condición sine qua non para mantener una reunión con el nuevo líder del Consell.

Este reclamo se produce a raíz de la divulgación de intercambios de mensajes de WhatsApp entre Salomé Pradas, la exconsellera de Justicia e Interior, el expresidente Carlos Mazón y su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, durante el fatídico día de la DANA. Pradas ha entregado estos mensajes a la jueza que lleva la investigación sobre la gestión del desastre, en la que se encuentra involucrada.

En uno de los mensajes, Pradas alertó a Mazón sobre su preocupación por el barranco del Poyo, a lo que el ex presidente respondió con un "Cojonudo". Además, envió un mensaje a Cuenca a las 16:28 advirtiendo sobre una víctima fatal en Utiel, un dato que enfatiza la gravedad de la situación.

Las asociaciones, que están indignadas y buscan respuestas, cuestionan si el Consell pudo haber evitado la muerte de sus seres queridos. Demandaron a Pérez Llorca "medidas políticas y transparencia inmediata", comenzando con la exigencia del acta de diputado de Mazón como un paso fundamental antes de considerar cualquier reunión.

Asimismo, han pedido la "ruptura total con la versión oficial de defensa del Consell que se ha mantenido durante un año", alegando que la sociedad no acepta que se haya sostenido una narrativa que ahora los hechos contradicen.

En conjunto, han solicitado la destitución de aquellos que han defendido públicamente la versión oficial, incluyendo a figuras como la vicepresidenta primera, Susana Camarero, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, acusándolos de perpetuar explicaciones que se desmoronan ante la evidencia.

Las organizaciones de víctimas también han demandado al Consell una "colaboración completa" con la investigación judicial, instando a que todos los involucrados faciliten sin reservas la documentación necesaria y el acceso a dispositivos que permitan esclarecer la gestión de los acontecimientos del 29 de octubre.

Las víctimas se dicen "indignadas" después de revisar las conversaciones entre Pradas, Mazón y Cuenca, las cuales, según afirman, confirman que la información crítica sobre la alerta hidrológica era conocida por ellos, pero no fue utilizada de manera adecuada. "No son meras suposiciones, son pruebas documentales que demandan respuestas urgentes", manifestaron.

Ellos argumentan que los mensajes revelan informes simultáneos sobre el incremento del caudal en el barranco del Poyo y el río Magro, lo que desmiente la afirmación del Consell sobre la falta de información previa a la tragedia.

Asimismo, advirtieron que las instrucciones de calma de Cuenca probablemente impidieron emitir alertas a la población que podrían haber salvado vidas. "No es una cuestión menor; esta actitud pudo ser letal", subrayaron.

También destacaron que estos mensajes comprueban que Mazón estaba consciente del desastre antes de su cena en El Ventorro, pues se le había informado de la gravedad de la situación y de las víctimas antes incluso de entrar en el restaurante.

Con esto, han denunciado que el Consell ha "engañado" a las familias de las víctimas durante un año, pues la narrativa oficial de falta de información se desmorona ante las pruebas reveladas. "La información existía, pero no fue empleada para salvar vidas", concluyeron.

Finalmente, consideran que todo lo ocurrido es "una infamia" hacia los fallecidos y sus familias, y han prometido no aceptar más encubrimientos de responsabilidades ni la normalización de la negligencia en la gestión de esta tragedia.