El ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro con el Partido Popular, Eduardo Zaplana, ha comparecido este jueves en la Ciudad de la Justicia de València para enfrentar el juicio por el caso Erial, en el cual se investiga la presunta recepción de más de 10 millones de euros en comisiones relacionadas con concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana. Al llegar, Zaplana expresó a los medios su deseo de que comenzara el juicio, junto con otros acusados que también manifestaron su ansia por el inicio del proceso.

Zaplana llegó a los juzgados alrededor de las 9:45 horas acompañado de su abogado. Hace poco más de un mes, se tuvo que suspender por segunda vez el juicio contra Zaplana y otros 14 acusados debido a un problema de salud de su abogado, esta vez, tras haber sido previamente suspendido por enfermedad del fiscal.

Tras establecer un nuevo calendario, la vista comenzará a las 10 de la mañana de este jueves en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, y las cuestiones previas se extenderán durante el viernes.

Zaplana, a quien el fiscal solicita 19 años de prisión, declarará el 9 de abril. Al día siguiente, 10 de abril, le tocará el turno a Joaquín Miguel Barceló, presunto testaferro de Zaplana, y el 11, a Francisco Grau, presuntamente encargado de gestionar los fondos defraudados.

El 16 declararán otras personas involucradas en el caso, como el ex jefe de Gabinete del ex ministro, Juan Francisco García, la ex secretaria del ex presidente Mitsouko Flerida Henríquez, los hermanos Vicente y José Cotino, así como el también ex presidente de la Generalitat José Luis Olivas. Las declaraciones del resto de los acusados se llevarán a cabo el 17 y 18 de abril, seguidas por los testimonios de los testigos propuestos por la Fiscalía y las defensas a partir del 19 de abril.

Las declaraciones de los peritos no se realizarán hasta el 15 y 16 de mayo. El tribunal ha reservado sala para 13 días en junio y todo el mes de julio, sin fechas concretas, para las sesiones del juicio. En total, se espera que la vista se prolongue por más de 40 jornadas.

En este proceso, Eduardo Zaplana, quien ha negado siempre las acusaciones en su contra, se enfrenta, según la Fiscalía Anticorrupción, a una pena de 19 años de prisión por delitos como organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsificación de documento oficial y mercantil, y prevaricación administrativa en el caso Erial. Además, se le solicita el pago de una multa de 40 millones de euros, más otras dos multas que suman, respectivamente, 72.000 y 36.000 euros.

La fiscalía anticorrupción calcula que el dinero obtenido ilegalmente a través de operaciones corruptas por Zaplana y su organización asciende a un total de 20.606.364 euros. Una parte de este dinero, 6.734.026 euros, fueron incautados en cuentas suizas. En total, la fiscalía acusa a otras 14 personas vinculadas directamente al ex presidente, quienes supuestamente le ayudaron en sus actividades corruptas.

Entre los acusados, Juan Francisco García, ex jefe de Gabinete de Zaplana, recibe la segunda mayor condena solicitada por la fiscalía, con 14 años de prisión por blanqueo, cohecho y falsificación. La misma condena se pide para los hermanos Vicente y José Cotino, quienes obtuvieron beneficios significativos de las adjudicaciones en cuestión. Juan Cotino, ex conseller y expresidente de las Cortes Valencianas, también estuvo involucrado en la causa hasta su fallecimiento.

Según la fiscalía, la venta de participaciones en empresas de ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de los Cotino más de 86,5 millones de euros a través de distintas sociedades controladas por los hermanos, lo cual justifica las altas comisiones pagadas por las adjudicaciones.

Además de Zaplana, la fiscalía sostiene que otras tres personas conformaban el núcleo central de la organización criminal: Francisco Grau, descrito como el financiero del grupo y encargado de gestionar los fondos; Joaquín Miguel Barceló, considerado el testaferro del ex presidente; y Mitsouko Henríquez, ex secretaria de Zaplana. Para estos tres acusados se solicitan ocho años de prisión y una multa de 20 millones de euros por su participación en la organización criminal y el blanqueo de capitales.

También figuran en el caso los hermanos Elvira y Saturnino Suances, este último ex diputado del PP, quienes se encargaban de recuperar el dinero de cuentas en Andorra. Para ellos se solicitan cinco años de prisión y una multa de ocho millones de euros. Por otro lado, se pide una condena de seis años de cárcel para José Luis Olivas, ex presidente de la Generalitat, por su participación en el plan eólico. Además, hay una serie de empresarios y amigos de Zaplana que, según la fiscalía, colaboraron para ocultar la procedencia ilegal del dinero y ayudaron al ex presidente a utilizar los fondos retornados a España para su beneficio personal.

Entre estos últimos se encuentran Francisco Pérez López, Ángel Salas, Robert Edgar Bataouche, Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, quienes se enfrentan a condenas de siete y cinco años de prisión, respectivamente.