El exministro del PSOE, José Luis Ábalos, se encuentra actualmente en prisión provisional a raíz del denominado 'caso Koldo' y ha decidido optar por la jubilación. Esta elección se debe a la incertidumbre sobre la percepción de más de 57.000 euros que le corresponderían tras sus casi 17 años como diputado, ya que sus derechos parlamentarios fueron suspendidos.

Ábalos ha manifestado a través de su cuenta en la red social 'X', que es virtualmente imposible sustentar su vida y cumplir con sus responsabilidades familiares frente a la falta de ingresos que ha experimentado, lo que le ha llevado a la difícil decisión de retirarse y solicitar la jubilación. Siente que sus oponentes han alcanzado su objetivo, mostrando un profundo descontento con la situación que enfrenta.

Los parlamentarios que han servido en el Congreso durante más de dos años y que se ven obligados a renunciar a su cargo pueden ser elegibles para una indemnización por cese, un mecanismo similar al subsidio por desempleo. Esta retribución está condicionada a que no dispongan de otros ingresos y se calcula en función del tiempo en el que han ocupado su puesto, con un tope máximo de veinticuatro mensualidades.

Ábalos, quien ha sido miembro del Congreso desde abril de 2009 hasta su reciente paso al Grupo Mixto en febrero de 2024, tenía derecho a una indemnización que podría alcanzar los 57.238,49 euros. Sin embargo, según informes de fuentes del Parlamento, existe controversia sobre si su situación actual le permite solicitar dicho monto, ya que perdió sus derechos tras su encarcelamiento en noviembre del pasado año.

Al anunciar su decisión de jubilarse, Ábalos, de 66 años, parece indicar que no buscará la mencionada indemnización, lo que sería incompatible con la pensión que le correspondería al acogerse a la jubilación.

El último caso similar se dio con Santos Cerdán, extitular de la Secretaría de Organización del PSOE, quien recibió esta indemnización tras abandonar su escaño poco antes de ser encarcelado por su presunta implicación en un escándalo de corrupción. El Partido Popular trató de bloquear este pago, alegando que Cerdán había ocultado información sobre su propiedad en una empresa, pero finalmente fue autorizado a recibir el finiquito.

A diferencia de Ábalos, Cerdán mantuvo sus derechos como diputado hasta antes de ir a prisión, lo que le permitió percibir el subsidio correspondiente durante varios meses hasta su salida del recinto penitenciario.