La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso contra la decisión de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, que absolvía al expresidente de la Diputación por el PSPV, Jorge Rodríguez, y a otros 13 acusados en el caso Alquería, confirmado por fuentes del procedimiento. La sección anterior absolvió a los acusados al no ver delito en su actuación en contrataciones de altos directivos en la empresa pública Divalterra en 2015-18 para favorecer a afines a PSPV y Compromís. La última denuncia de Fiscalía Anticorrupción condujo al proceso, que tenía 14 acusados, incluido Rodríguez. Sin embargo, la Fiscalía es la única que decidió apelar la sentencia ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ya que el PP y Acción Cívica, que se presentó en la acusación popular, han renunciado a recurrir después de ver la resolución de la Audiencia.

Tanto la Fiscalía como las otras dos partes pedían ocho años de prisión para Rodríguez; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; asesor Manuel Reguart; y los exgerentes de Divalterra, Agustina Brines y José Ramón Tiller por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Además, el fiscal pedía seis años de prisión para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria. Para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, el fiscal pedía otros seis años por falsedad, malversación y prevaricación.

La Audiencia concluyó que no había evidencia de que Divalterra hubiera sido perjudicada económicamente por el nuevo modelo de gestión en la empresa pública. La nueva estructura permitió ampliar significativamente su actividad sin aumentar su presupuesto. Señalaron que la nueva estructura no era porque necesitaban contratar a ciertas personas como una forma de pagar favores o conceder prebendas.