VALÈNCIA, 16 de diciembre.

Un nuevo enfoque en la convivencia escolar llega a los centros educativos de la Comunitat Valenciana con el anuncio del **Decreto de convivencia**, que comenzará a regir en enero. Este decreto busca erradicar la violencia en las aulas con una estrategia clara que incluye el refuerzo de la autoridad docente, la regulación del uso de dispositivos móviles y la mediación para resolver conflictos de manera ágil.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, **Carmen Ortí**, presentó esta normativa en una rueda de prensa donde estuvo acompañada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig. La consellera destacó la creciente necesidad de abordar las incidencias en la convivencia educativa, señalando un aumento alarmante en los reportes de alteraciones en los últimos años.

Ortí explicó que las estadísticas reflejan un incremento significativo de incidentes, pasando de 4.543 en 2018 a 11.404 en 2023, lo que prácticamente triplica las cifras en un lapso de cinco años. Este fenómeno, según la consellera, es un reflejo de la mayor concienciación por parte de la comunidad educativa, especialmente entre los docentes, sobre la importancia de mantener un ambiente escolar seguro.

El objetivo primordial de este decreto es asegurar que las escuelas sean entornos donde todos se sientan respetados y protegidos. Ortí enfatizó su compromiso de avanzar rápidamente en la creación de un marco normativo que permita implementar estas estrategias de forma efectiva, así como el establecimiento del Observatorio de la Convivencia.

Este nuevo decreto forma parte del Plan autonómico de convivencia educativa llamado ‘Conviure’ y se publicará oficialmente mañana, entrando en vigor el próximo 7 de enero de 2026. Entre las normativas que se establecerán, se incluye el tratamiento de las agresiones al profesorado como faltas graves, lo que contribuirá a reforzar la figura de la autoridad docente.

Además, se elevará a rango normativo la restricción del uso de dispositivos móviles en el aula, limitándolos a situaciones académicas o de salud justificadas. Esta medida, anteriormente esbozada en una resolución de abril de 2024, ahora tiene un estatus más sólido que garantiza su cumplimiento.

La regulación del uso de móviles ha mostrado resultados positivos, con una notable reducción del ciberacoso, que había aumentado un 50% desde 2019 pero que ha disminuido un 60% desde que se aplicaron las nuevas restricciones. McEvoy añadió que se está desarrollando un currículo para Primaria que busca equilibrar el uso de contenidos digitales y analógicos.

El decreto también introduce medidas provisionales en el ámbito educativo, estableciendo procedimientos conciliatorios y la tramitación de expedientes disciplinarios con plazos ajustados y garantías adecuadas, priorizando así la celeridad en los casos más graves, excluyendo aquellos que involucren violencia sexual o de género, que se rigen por otras normativas.

La normativa permitirá una gestión más eficaz a través de la plataforma Itaca, donde se documentará digitalmente cada fase del proceso. Se asegura un enfoque inclusivo, considerando la condición de víctima con necesidades especiales como un factor que aumentará la responsabilidad del infractor.

Asimismo, se incentivarán programas basados en evidencia científica, orientados al bienestar, la prevención de la violencia y la promoción de la salud mental, añadiendo principios que combatan delitos de odio y fomenten la igualdad y no discriminación.

El nuevo decreto reemplazará al anterior 195/2022, que también hacía mención a la ‘igualdad’. Xaro Escrig resaltó que el término 'convivencia' es amplio y suficientemente inclusivo, garantizando la protección de todos los involucrados en el entorno educativo, independientemente de sus condiciones personales.