Antiguos líderes de Igualdad rechazan haber dado órdenes sobre el caso de abuso a la menor relacionada con el ex pareja de Oltra
La exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera Mónica Oltra, junto con otros cargos de Compromís, se ha presentado en la Ciudad de la Justicia de València en apoyo de dos exdirigentes de la Conselleria de Igualdad investigados en relación con un expediente de abusos sexuales a una menor tutelada por el exmarido de Oltra.
Miquel Real, exjefe de gabinete de la exvicepresidenta, y Francesc Gamero, exsubsecretario de la Conselleria, han negado ante el juez haber dado instrucciones relacionadas con el caso. Ambos han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 15 de València, que investiga un presunto encubrimiento y la apertura de una investigación paralela de los abusos sexuales.
Oltra y otros miembros de Compromís, como el diputado Alberto Ibáñez y el exsenador Carles Mulet, han mostrado su apoyo a los dos investigados en las puertas de la Ciudad de la Justicia. Permanecieron allí alrededor de cinco minutos.
También se presentaron en la Ciudad de la Justicia el diputado de Vox Carlos Flores y el edil José Gozálbez, miembros de la acusación popular. Flores permaneció dentro del edificio durante unos 20 minutos y afirmó que la instrucción es "un asunto de interés público".
Tras declarar, Miquel Real se negó a hacer comentarios a los medios por respeto a su excompañero y al procedimiento judicial. Por su parte, Gamero salió sin hacer declaraciones.
Real declaró ante el juez que se enteró de los supuestos abusos del exmarido de Oltra en agosto de 2017 a través de una llamada de la exvicepresidenta. Cuatro días después, se puso en contacto con Gamero para informarle del asunto. Desde entonces, no se hizo nada más ni se comentó nada con Oltra.
Por su parte, Gamero declaró que, al hablar con Real, se dio cuenta de que se habían recibido escritos de la Fiscalía sin responder, por lo que ordenó su contestación y la colaboración máxima con el ministerio público.
El exmarido de Oltra fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión, con sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y pendiente de recurso al Supremo.
La coordinadora jurídica nacional de Vox, Marta Castro, lamentó que los investigados no respondieran a las preguntas de su formación y afirmó que hay preguntas que deben tener respuesta, como el motivo por el cual no se contestó a la Fiscalía cuando se le requirió información sobre la situación de la menor denunciante.
Alberto Ibáñez destacó la "excepcionalidad democrática" que se está viviendo y acusó a aquellos que "utilizan las garantías del Estado de Derecho" de intentar rodear el Congreso de los Diputados y menospreciar la soberanía nacional. Instó a recuperar los consensos democráticos que han permitido el desarrollo de una sociedad madura y moderna.