El Tribunal Supremo, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente, ha tomado la decisión de iniciar un juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Esta medida se debe a supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis sanitaria, y a su vez, el magistrado ha determinado mantener en prisión a Ábalos y García.

La reciente acción del instructor en el denominado 'caso Koldo' se produce tras el rechazo esta semana de la Sala de Apelación a los recursos presentados por Ábalos y García, que cuestionaban la legalidad de su procesamiento por presuntos delitos como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

La Fiscalía ha solicitado penas severas: 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo, y siete años para el empresario de Aldama. A su vez, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, han elevado su demanda a 30 años de prisión para los dos primeros y han mantenido la misma solicitud para el empresario.

Antes de que comience el juicio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han instado al magistrado a imponer prisión provisional para Ábalos y Koldo, argumentando el riesgo de fuga dada la gravedad de las penas que enfrentan. El juez ha acogido esta petición y envió a los acusados a la penitenciaría de Soto del Real el 27 de noviembre pasado.

Este jueves, el magistrado también ha decidido mantener a Ábalos y Koldo en prisión provisional. Además, ha estipulado una fianza de 60.000 euros que deberán presentar para garantizar eventuales responsabilidades económicas. En caso de no cumplir con este requerimiento en un plazo de cinco días hábiles, se procederá al embargo de bienes en la cantidad necesaria para cubrir dicha suma.

Respecto a Aldama, Puente ha decidido mantener las medidas cautelares previamente impuestas, que incluyen la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días ante el tribunal.

Durante esta resolución, el magistrado ha informado a los tres acusados que deberán presentar sus escritos de defensa en un plazo de diez días, advirtiendo que la falta de presentación se interpretará como una oposición a las acusaciones, y el proceso continuará su curso habitual.

Puente ha decidido enviar a juicio a los tres implicados tras dividir la causa en septiembre, reservando en la pieza principal las indagaciones sobre los contratos de mascarillas y separando las investigaciones relativas al presunto cobro de comisiones a cambio de obras públicas en una pieza aparte.