Ayuntamientos de Valencia alertan al Congreso sobre abandono tras la dana y exigen mayor flexibilidad financiera.
Una iniciativa busca establecer medidas más restrictivas para la construcción de viviendas en áreas propensas a inundaciones, mientras se agradece el gesto solidario de voluntarios provenientes de diversas regiones de España.
Durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, alcaldes y concejales de varios municipios de la provincia de Valencia, que han sufrido las consecuencias de la DANA, expusieron este martes la sensación de "desamparo" que experimentaron en los primeros días tras el desastre. Además, solicitaron que se les otorgue mayor capacidad de gasto y facilidad para contratar personal encargado de gestionar las ayudas destinadas a los afectados.
La reunión se llevó a cabo en el marco de unas jornadas organizadas por la Asociación de Juristes Valencians, centradas en las acciones necesarias para la recuperación de la zona tras el grave temporal que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, evento que dejó un saldo trágico de 222 fallecidos.
María José Hernández, vicealcaldesa de Albal, compartió su vivencia, resaltando el nivel de "soledad y desamparo" que sintieron durante los primeros momentos críticos. Recordó que durante la gota fría de 1982, conocida como la pantanada de Tous, el Ejército tardó tan solo 11 horas en llegar a Alzira, mientras que en esta ocasión, en pleno siglo XXI, la ayuda no llegó a Albal hasta cinco días después.
La vicealcaldesa agradeció de manera profunda a todos los que acudieron al municipio para ofrecer su apoyo, pero también hizo un llamado para que se levanten las restricciones de gasto a los ayuntamientos durante este año. "Estamos muy constreñidos, somos la administración más fiscalizada y más asfixiada. No tenemos deudas, y aun así tenemos dinero en el banco que no podemos utilizar para ayudar a nuestros vecinos", explicó con preocupación.
En otra intervención, Amparo Giner, alcaldesa de Benicull, planteó que es necesario que la DANA marque un "antes y un después" en términos de urbanismo, sugiriendo que se establezcan "límites" a la construcción en zonas vulnerables a inundaciones. Además, abogó por la realización de infraestructuras que llevan años esperando su ejecución.
Giner añadió que el evento climático debe ser visto como una "señal" que invite a los responsables a escuchar más a los expertos, en lugar de seguir con la idea de construir sin considerar los riesgos.
El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, se hizo eco de la necesidad de llevar a cabo grandes proyectos de reconstrucción, tras declarar que, al inicio, la sensación era de "soledad y aislamiento". A pesar de los esfuerzos de ayuda externa, reconoció que resultaba complicado recibir asistencia oportuna.
Gabaldón resaltó que es crucial que las administraciones se unan y colaboren. "Que se pongan de acuerdo todas, la local, la autonómica, la estatal", instó de manera firme.
María Ángeles Llorente, vicealcaldesa de Cheste, enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada entre el Estado y la Comunidad Valenciana para abordar las necesidades de infraestructura y contar con la colaboración de ingenieros y especialistas. También alertó sobre el riesgo que representa para la ciudadanía la "pérdida de confianza" en las instituciones, lo que, a su juicio, requiere atención inmediata, recordando las dificultades que enfrentaron al estar dos días sin comunicación externa y autogestionándose antes de recibir ayuda.
Por su parte, Marta Murciano, concejal de Alaquás, señaló que, aunque las ayudas son imprescindibles, especialmente la financiación destinada a organizaciones de voluntariado, deben ir acompañadas de otros recursos necesarios. "No podemos contratar personal, y debemos gestionar las donaciones, así que necesitamos un marco legal que nos permita establecer oficinas y guiar a las personas sobre cómo acceder a ellas", concluyó.
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