Baldoví comparece en la Audiencia Nacional por "espionaje a políticos" y pide al PP que se haga cargo.
En una muestra de valentía y determinación, el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha decidido presentarse ante la Audiencia Nacional como víctima del espionaje orquestado por el Gobierno del PP a políticos de la oposición en años anteriores.
Según ha trascendido recientemente, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional informó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre posibles investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos ordenadas desde la cúpula del Ministerio del Interior. Durante los años 2015 y 2016, se llevaron a cabo consultas en bases policiales sobre 55 diputados que formaban parte de candidaturas de Podemos, partido que en ese momento estaba vinculado con Compromís, donde Baldoví tenía un rol destacado en la lista valenciana.
Con firmeza, Baldoví declaró: "Hace unas semanas descubrí que fui espiado por el Gobierno del Partido Popular y he decidido tomar acción legal. Quiero que aquellos que usaron de forma partidista, indigna y antidemocrática las instituciones y la policía enfrenten las consecuencias legales correspondientes."
Asimismo, el síndic de Compromís enfatizó: "Sigo esperando que el Partido Popular pida perdón a la ciudadanía y asuma la responsabilidad por uno de los casos de corrupción más serios que puede ocurrir en una democracia: el espionaje a representantes del pueblo simplemente por no respaldar al gobierno en el poder."
Desde Compromís han señalado que el nombre del actual síndic de la coalición y representante de Compromís en el Congreso de los Diputados en el momento del presunto espionaje figura en la lista de políticos de la oposición que fueron objeto de estas "prácticas antidemocráticas". Según indican, el espionaje policial tuvo lugar en 2016 durante el gobierno del Partido Popular, bajo la dirección de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
En este sentido, desde Compromís se argumenta que "el espionaje a representantes democráticamente elegidos simplemente por no formar parte de la mayoría gobernante en aquel momento refleja claramente la intención de utilizar el poder del Estado para socavar la voluntad popular a través de campañas difamatorias".
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