El Gobierno de España está a punto de presentar una medida que podría transformar el panorama fiscal de varias comunidades autónomas, centrándose especialmente en Andalucía y Cataluña. Estas regiones, según lo anunciado, recibirían una notable condonación de deuda, con asunciones que alcanzan los 18.791 millones de euros para la primera y 17.104 millones para la segunda, lo que representa más del 43% del total destinado a este fin en todo el país.

La iniciativa, que será debatida en el Consejo de Ministros próximamente, se enmarca dentro de un plan más amplio del Ministerio de Hacienda, que contempla la asunción de hasta 83.252 millones de euros en deudas acumuladas por todas las comunidades. Este enfoque surgió como resultado de un acuerdo entre el PSOE y ERC, que establece que la condonación será accesible a aquellas comunidades que la soliciten.

En febrero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó la metodología detrás de la asignación de este apoyo financiero, subrayando que cada comunidad autónoma decidirá si desea acogerse a esta oferta. A pesar de ello, se anticipa que Andalucía y Cataluña serán las más beneficiadas, seguidas por la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, y otras regiones que también recibirán apoyo significativo, aunque en menor cuantía.

Curiosamente, tanto Euskadi como Navarra no se verán incluidas en este plan, ya que no forman parte del régimen común. Sin embargo, han expresado su intención de que se les considere para algún tipo de compensación que se ajuste a sus sistemas forales de financiación.

El Gobierno tiene la intención de someter este anteproyecto a aprobación a la vuelta de las vacaciones, con la expectativa de que posteriormente avance en el proceso legislativo en el Congreso de los Diputados.

Esta estrategia fue impulsada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera reciente, donde la mayoría de las comunidades socialistas manifestaron su apoyo. Sin embargo, las regiones gobernadas por el Partido Popular decidieron no participar en la votación, lo que fue interpretado por el Gobierno como una forma de abstención.

A pesar de la aparente amplia intención de apoyo, el proceso legislativo podría enfrentar obstáculos. Algunos aliados del Gobierno, como Junts, han manifestado reservas respecto a la generalización de la condonación a todas las regiones, lo que podría complicar la obtención de los votos necesarios para su aprobación definitiva.

La metodología del Gobierno estará compuesta por tres etapas. En la primera, se comparará el endeudamiento de las comunidades entre 2009 y 2013 con el de 2019 a 2023, revelando una media de condonación del 19% sobre la deuda autonómica vigente.

La segunda fase contempla una condonación adicional que atenderá a aquellas comunidades cuya deudas estén por debajo de la media, con el objetivo de rectificar cualquier posible sentido de agravio territorial. Finalmente, en la tercera fase, se ajustarán los criterios para asegurar una mayor equidad, considerando la condonación por habitante y premiando a las regiones con mayores esfuerzos en materia de normativa fiscal.

Este conjunto de medidas busca dar respuesta a las necesidades financieras de las comunidades autónomas, aunque la manera en que se implementen y el apoyo que logren en el Parlamento serán cruciales para su éxito.