ALICANTE, 21 de julio.

El Ayuntamiento de Benidorm, situado en la provincia de Alicante, ha decidido interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta acción surge a raíz del rechazo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en junio, que desaprobó el incidente de nulidad planteado por el consistorio. Esta sentencia exige que la administración local abone 283 millones de euros, más intereses, a las empresas Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, en compensación por ciertos aprovechamientos urbanísticos correspondientes al sector APR-7 en el Parque Natural de Serra Gelada.

Mediante un comunicado oficial, el consistorio ha dado a conocer su decisión, enfatizando que esta se basa en el “criterio de los técnicos”. Asimismo, se discutió en una junta de portavoces, convocada por el alcalde Toni Pérez, los recientes informes de los servicios jurídicos, tanto internos como externos, que analizan el camino legal a seguir para “proteger el interés general” de la localidad.

El alcalde, al abordar la resolución del TSJCV, subrayó que la estrategia del Ayuntamiento sigue fielmente las recomendaciones de sus técnicos en relación a los convenios que fundamentan la reclamación de las empresas mencionadas, afirmando que “no ha cambiado en absoluto”.

“El Ayuntamiento de Benidorm no tenía otra opción que seguir el camino elegido para defender el interés general, siempre guiado por criterios técnicos, lo cual se refleja en sentencias judiciales repetidas”, declaró Pérez, resaltando que las decisiones en primera instancia han respaldado la postura del consistorio.

En relación con este asunto, existen múltiples causas legales en curso. Por un lado, se investiga la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en lo que respecta a esos terrenos, en función de los convenios firmados en 2003 y 2004, así como renovados en 2010 y 2013, que son objeto de la reciente decisión del TSJCV.

Por otro lado, continúa abierta una causa sobre la revisión de oficio y la posible nulidad de esos mismos convenios, con cinco casos activos en los tribunales. De acuerdo con el Ayuntamiento, ya se han resuelto dos de estas causas en primera instancia, otorgando la razón a la administración local y confirmando que “esos convenios serían nulos de pleno derecho”, aunque aún están en proceso de apelación. Otras tres causas todavía aguardan sentencia.