El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha hecho un llamado a la calma y ha enfatizado que su administración ha actuado de acuerdo con criterios técnicos en relación a la anulación de ciertos convenios. Esta afirmación se produce tras la reciente decisión del Tribunal Supremo, que obligará al Ayuntamiento a indemnizar con más de 300 millones de euros a las empresas Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL por derechos de desarrollo urbanístico en el área de APR-7, ubicada dentro del parque natural de Serra Gelada.

En una conferencia de prensa, Pérez destacó que el Ayuntamiento está evaluando todas las opciones disponibles para salvaguardar el interés de la comunidad. Sin embargo, reconoció que todavía es prematuro comentar sobre la estrategia que seguirán los departamentos legales y económicos en este proceso. Afirmó que la línea de acción será coherente con los numerosos informes técnicos y legales que se han elaborado sobre este tema.

El primer edil se dirigió a la población para transmitir un mensaje de confianza, desestimando el clima de alarma que otros intentan generar. Esto se da después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso que el consistorio había presentado en contra de una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cual ordenaba al Ayuntamiento el pago de 283 millones de euros más intereses a los propietarios de los terrenos en cuestión.

Pérez aclaró que el camino legal respecto a estos terrenos aún no se ha agotado y que, a pesar de la resolución del TS, no se encuentra en una etapa procedimental donde sea obligatorio atender a dicha responsabilidad patrimonial. Un comunicado del Ayuntamiento destaca que el proceso sigue abierto.

El alcalde indicó que los técnicos municipales están considerando diversas posibilidades que deben ser definidas con claridad. Se mostró confiado en la capacidad del Ayuntamiento para negociar, siempre que esto se haga dentro del marco legal y sin comprometer el interés general en el proceso.

En su comparecencia, el alcalde abordó la complejidad judicial de este asunto, destacando que se han abierto varias causas. Entre ellas, está la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento derivada de convenios que fueron firmados en 2003 y 2004, así como las renovaciones realizadas en 2010 y 2013. Aseveró que el TS ha inadmitido el recurso municipal relacionado con estos convenios.

Por otro lado, el alcalde mencionó que el Ayuntamiento también está en proceso de revisión de oficio y anulación de dichos convenios, lo que implica que hay cinco causas legales vigentes. De estas, dos han sido falladas a favor del consistorio por juzgados de primera instancia, que han determinado que los convenios carecen de validez legal, aunque estas resoluciones están actualmente en apelación ante el TSJCV. Las otras tres aún esperan una decisión judicial.

Pérez defendió que todas las decisiones sobre los convenios tomadas por el anterior gobierno del PP cuentan con el respaldo de los técnicos municipales y del Consell Jurídic Consultiu, así como de las resoluciones previas de los juzgados, que en su mayoría han favorecido al Ayuntamiento.

Además, destacó que los convenios de 2010 y 2013 fueron firmados durante administraciones socialistas. A partir de ello, subrayó que el gobierno local siempre ha mantenido una postura coherente sobre la nulidad de estos convenios, en contraste con el comportamiento del PSOE, que ha cambiado su voto dependiendo de quién haya sido el impugnador.

Pérez invitó a la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Cristina Escoda, a explicar por qué renovó convenios que ya habían caducado, y mencionó que en particular, la aprobación de dichos convenios en 2013 requirió el voto decisivo del entonces alcalde Agustín Navarro, respaldado por los votos de PSPV y Liberales frente a la oposición del PP y un concejal no adscrito.

El alcalde dejó claro que el PP siempre mostró incertidumbre respecto a estos convenios y reafirmó su compromiso con el interés general de la ciudadanía. "Benidorm cuenta con un gobierno honesto, íntegro y trabajador", concluyó, asegurando que su administración continuará actuando con la misma rectitud de siempre. "No daremos ningún paso que amenace el interés general, porque eso es nuestra principal responsabilidad", añadió.