En un reciente anuncio desde la capital española, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha arremetido contra la gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del Partido Popular (PP), relacionada con la devastadora DANA que azotó la región el pasado 29 de octubre de 2024. Bernabé sostuvo que el Gobierno autonómico contaba con información suficiente para alertar a los ciudadanos sobre los peligros de las torrenciales lluvias, pero la respuesta fue inadecuada y tardía.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, la delegada subrayó que las 230 personas que perdieron la vida en esta tragedia podrían haberse salvado si hubieran recibido advertencias a tiempo. Bernabé enfatizó que, si se hubiera comunicado la amenaza adecuadamente, muchas de las víctimas no habrían tomado decisiones fatales, como refugiarse en garajes.

Na intervención argumentó que la responsabilidad de la comunicación de emergencias recaía en la Generalitat Valenciana, destacando la falta de coordinación entre las administraciones implicadas en la Protección Civil. Bernabé afirmó que si la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, hubiera actuado con rapidez, se habría podido activar el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cinco horas antes, un lapso crítico que podría haber hecho la diferencia entre la vida y la muerte para varias personas.

La delegada criticó que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), encargado de la gestión de emergencias, no fue convocado hasta las cinco de la tarde, señalando que Pradas decidió dedicar su tiempo a una actividad no relacionada en Carlet, en lugar de atender la grave situación de emergencia. Por tanto, la falta de responsabilidad por parte del Gobierno valenciano fue evidente, según sus declaraciones.

A lo largo de su exposición, Bernabé mostró su profundo descontento por la falta de anticipación del Ejecutivo valenciano, sosteniendo que hubo información clara y precisa emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que permitía prever los efectos devastadores de las lluvias. No obstante, la reacción del Gobierno regional fue ineficaz, dejando a la población desprotegida.

En un tono de frustración, Bernabé también mencionó que el día de la emergencia nadie de la Generalitat se comunicó con ella. De hecho, fue ella quien contactó a Pradas para ofrecer el apoyo del Gobierno central y solicitar la activación de la UME. Esta situación refleja una alarmante falta de comunicación y preparación ante desastres naturales en la administración local.

Asimismo, la delegada criticó que la alerta enviada a los teléfonos móviles de los ciudadanos fuera "tardía" y "errónea", al parecer debido a la presión ejercida por el jefe de Gabinete de Mazón, quien desalentó cualquier sugerencia de confinamiento. Esta actitud podría haber contribuido a agravar la crisis.

Bernabé llevó sus críticas aún más lejos al acusar al PP de haber manipulado una grabación de una conversación entre trabajadoras del 112 y la AEMET, la cual se filtró de forma irregular. Según su testimonio, dos altos funcionarios del Gobierno valenciano tuvieron acceso a esta información sensible, lo que está siendo objeto de investigación por parte de un juzgado en Lliria, Valencia, lo que pone en tela de juicio la ética y la transparencia del Gobierno autonómico.

La delegada finalizó su declaración subrayando la gravedad de lo ocurrido, indicando que la custodia de las grabaciones del 112 fue vulnerada, lo que representa una violación de la ley que protege estas comunicaciones. Esta situación pone en evidencia la falta de seriedad con la que se toma la gestión de emergencias en la Comunidad Valenciana.