El conflicto entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España se intensifica, con la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en el centro de la polémica. Según su declaración, el Ejecutivo central "no cuenta con las comunidades autónomas" en su propuesta de un nuevo mecanismo de acogida para menores migrantes no acompañados.

Camarao hizo estas afirmaciones en la antesala de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se discutirá el Real Decreto del Gobierno sobre la asignación de menores migrantes. La consellera mostró su firme postura en contra de esta medida, alegando que va en contra de las competencias autonómicas y que se trata de un "atropello institucional" del Gobierno.

La vicepresidenta también expresó su preocupación respecto al contenido del decreto, que a su juicio, favorece desproporcionadamente los intereses de los socios independentistas del presidente Sánchez, generando desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas de España.

Camarero fue contundente al calificar la acción del Gobierno como una "injerencia" en las competencias autonómicas, y advirtió sobre la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Criticó la falta de una política migratoria eficaz que ha llevado a una crisis humanitaria prolongada, que el Gobierno intenta resolver sin diálogo ni negociación con las comunidades autónomas.

La consellera también criticó los criterios propuestos para el reparto de menores migrantes, cuestionando por qué no se considera a las comunidades que han realizado un esfuerzo significativo en su acogida. Apuntó que el sistema de protección en la Comunitat Valenciana está al borde de la saturación, con un 160% de ocupación, a pesar de los intentos de ampliar plazas el año pasado.

Susana Camarero recalcó que, si bien la Comunitat Valenciana es una región solidaria, sus recursos no permiten más improvisaciones en la gestión de acogida de menores. Sostuvo que se requiere de una política migratoria seria y una atención enfocada a los países de origen, en vez de improvisar respuestas insostenibles.

La consellera reafirmó que, por la responsabilidad y la dignidad de los menores bajo su protección, votarán en contra de la distribución impuesta por el Gobierno. Este nuevo enfoque, según su análisis, perpetúa un sistema de reparto injusto que no da crédito a la labor de las comunidades que han asumido la carga de la protección de estos menores.

Además, Camarero instó al Gobierno a dejar de utilizar la crisis migratoria como un recurso político y a asumir su responsabilidad en la creación de un plan humanitario adecuado. Subrayó que son las comunidades autónomas las que siguen cargando con el peso de esta situación, mientras el Ejecutivo se muestra inactivo y sin respuesta ante la crisis.

Por último, la consellera criticó la forma en que el Gobierno ha convocado la Conferencia Sectorial de Infancia, argumentando que se ha hecho sin seguir el reglamento correspondiente y sin dar a las comunidades la oportunidad de participar en la agenda de la reunión. Describió esta práctica como una manipulación inaceptable que socava la confianza y la cooperación entre las instituciones.

En una referencia directa a la situación con Cataluña, Camarero denunció que el Gobierno busca que las comunidades avalen un programa que, en su opinión, favorece a regiones específicas en desmedro de otras, lo cual consideró intolerable. Concluyó advirtiendo que esta dinámica solo contribuye a la cesión de competencias y a un aumento de la tensión política en el país.